Jueves 23/11/2017.

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VIOLENCIA GÉNERO. CERMI MUJERES EXIGE LA ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

- Alerta de que las mujeres con discapacidad “quedarán atrás” si los recursos de atención a víctimas de la violencia machista no son accesibles. La Fundación Cermi Mujeres (FCM) reclamó este jueves la plena accesibilidad de los recursos y protocolos de atención a las víctimas de la violencia machista para que las mujeres con discapacidad “no se queden atrás” en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En el manifiesto elaborado por la FCM con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la entidad, junto al Cermi Estatal y al tejido asociativo de la discapacidad, denuncia “la falta, hasta la fecha, de medidas efectivas y accesibles que protejan a las mujeres y niñas con discapacidad de la violencia, la explotación y el abuso" y hace un llamamiento para que "el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no las deje atrás”.
Además, la FCM recuerda que el próximo 4 de diciembre concluye el plazo legal que obliga a que en España todos los servicios y entornos de interés sean plenamente accesibles.
“Los escasos datos disponibles sobre esta cruenta realidad cuadriplican los efectos de la violencia perpetrada hacia estas mujeres, estimándose que el 20% de las víctimas mortales por violencia de género tenía una discapacidad, en muchos casos sobrevenida como consecuencia de los malos tratos, discapacidad que nunca llegó a ser reconocida oficialmente”, recoge el manifiesto.
Asimismo, la entidad explica que hay que tener presente, además, que la especificidad de las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia se manifiesta también en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación, en la cual la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental.
“La institucionalización es igualmente una forma específica de violencia ejercida hacia mujeres y niñas con discapacidad, que se ven obligadas a vivir en entornos cerrados y segregados como resultado de la única respuesta a su atención y exclusión de la comunidad, lo que supone la negación de sus derechos de plena ciudadanía”, concluye el manifiesto.

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