Los sindicatos mayoritarios en la administración pública, entre ellos UGT, CCOO y CSI-F, están estudiando medidas de presión eficaces para demostrar al Gobierno que «hay otra forma de hacer las cosas», en lugar de congelar el sueldo, por quinto año consecutivo, a los empleados públicos.
El vicepresidente nacional de Acción Sindical de CSI-F, José Fernández, ha avanzado hoy en Soria, donde se ha reunido con representantes de su sindicato, que las medidas de presión se conocerán antes de que se aprueben en el Parlamento los Presupuestos Generales del Estado de 2015.
«Todavía no tenemos una decisión tomada, pero estamos viendo entre los sindicatos qué medidas eficaces podemos tomar para cambiar la voluntad del Gobierno», ha declarado.
Ha apuntado que las medidas que se hagan tienen que tener como condición que no se perjudique «nada» a los bolsillos de los empleados, ya muy deteriorados.
Fernández ha criticado la nula negociación que tiene el Gobierno de España con los sindicatos de la Administración pública, ya que está tomando todas las decisiones a través de decretos.
«No hay ninguna negociación; este Gobierno todo lo hace por decreto. No cree en los sindicatos», ha señalado.
Además ha defendido la importancia de los sindicatos en la negociación con la Administración para aportar soluciones.
«No sé si en Madrid, en La Moncloa, se ve de otra forma el mundo, pero no hay ninguna negociación. No pisan la tierra y ven la realidad», ha censurado.
El representante sindical ha lamentado que el Gobierno haya defraudado una vez más a los empleados públicos tras las expectativas suscitadas con anterioridad con anuncios de «encaminarse» la recuperación económica.
«Nos hemos llevado una gran decepción porque los Presupuestos del Estado para 2015 recogen la quinta congelación y desde 2010 no hay ningún tipo de negociación con el Gobierno», ha criticado.
Además ha censurado que los recortes los sufren no sólo los empleados públicos sino toda la sociedad, como es el caso del retraso en la apertura del nuevo centro penitenciario de Soria, que preveía una dotación de personal de casi seiscientos empleados pero no «hay personal».
A preguntas de los periodistas, Fernández ha cifrado en casi un 30 por ciento la pérdida de poder adquisitivo que han acumulado los empleados públicos durante la crisis económica