Martes 06/06/2017.

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El Tribunal europeo dice que la sentencia es vinculante

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El Tribunal de Estrasburgo anula la doctrina Parot

  • La sala de Estrasburgo da la razón a la etarra Inés del Río, que será liberada de inmediato. La resolución es definitiva. 
  • El Tribunal de Derechos Humanos falla en contra de la doctrina que alarga el tiempo en la cárcel de numerosos etarras y delincuentes. La sala sostiene que España vulneró el derecho a la libertad al tomar una decisión con carácter retroactivo, para presos condenados con el Código del 73. 
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  • Estrasburgo dicta su sentencia sobre la "doctrina Parot" EFE

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha anulado la aplicación de la doctrina Parot a la etarra Inés del Río, que deberá salir de prisión. La sala ha tomado la decisión por 15 votos a dos y exige la puesta en libertad de Inés del Río y una indemnización de 30.000 euros.

La decisión de la sala deroga esta doctrina, introducida en 2006 por el Tribunal Supremo, y que establecía que las redenciones de pena debían aplicarse sobre el total de las condenas impuestas y no sobre el límite máximo de cumplimiento, antes de 30 años y ahora de 40 años. 

La sala da la razón a la etarra Inés del Río, que recurrió la jurisprudencia española. Con este fallo, saldrá en libertad. La sentencia es definitiva y no puede recurrirse. 

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la condena a España por aplicar la doctrina Parot a la etarra Inés del Río, condenada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos y atentados como el de la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles.

Según la sentencia, España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que respectivamente establecen que "no hay pena sin ley" que la avale, que echa por tierra la retroactividad, y "el derecho a la libertad y la seguridad". El tribunal ha instado a liberarla "a la mayor brevedad". Además, la sala obliga a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales en un plazo de tres meses, y a pagar 1.500 euros en concepto de costas  judiciales.

El tribunal sostiene que España ha hecho "una aplicación retroactiva de una ley" y una aplicación incorrecta en el cálculo de la estancia en prisión de los condenados por terrorismo. 

La Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las normas

Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, son 53 etarras los que se encuentran en la misma situación que Inés del Río y cuya estancia en prisión se debe únicamente a la aplicación de la doctrina Parot. Además la izquierda abertzale maneja los nombres de al menos una veintena de terroristas más a los que se les aplicaría la misma norma jurídica en los próximos años.

El polémico artículo 70 del Código Penal del 73

En 33 años, la aplicación del artículo 70 del Código Penal de 1973 señalaba que las redenciones se aplicaban sobre el tope de cumplimiento de 30 años de cárcel. En 2006 el Supremo señaló que los beneficios penitenciarios se debían restar de cada una de las penas impuestas y no del máximo de 30 años (ahora de 40 años). 

El magistrado Eugenio Gay discrepó en 2012, en su voto particular a la sentencia del Constitucional que avaló la doctrina, haciendo referencia a la “ponderación” de los legisladores de 1973 para que el condenado pudiera cumplir su pena, “además de la estancia en prisión, realizando actividades que se consideraban favorables para su rehabilitación”.

La sentencia del Supremo en 2006 expuso que la redención de condenas seguía “discutibles razones de política criminal” e incluso señaló que estas rompían “el principio constitucional de cumplimiento de las penas” y establecían “un cierto principio de impunidad”.

El Código Penal, el texto legal más importante después de la Constitución, ha sido sometido a treinta revisiones en los últimos quince años, incluyendo los cambios de la Ley Penal Juvenil, lo que supone aproximadamente dos reformas penales al año, algunas de ellas "muy profundas".

Estos cambios tienen lugar en un país que cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa Occidental y con la tasa de encarcelamiento más alta de este área, después del Reino Unido.

Tanto el PP como el PSOE han propiciado un incremento continuo de las penas y de las conductas delictivas. 


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