El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha negado la información, publicada ayer por el diario El País, según la cual el organismo habría troceado proyectos de obras y contratos para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas.
Álvarez de Miranda ha defendido que se trata de “contratos independientes que no guardan relación”, y que se incluyen en un informe que todavía no ha sido publicado. “En todo caso, en las razones que explico en este informe se podrá valorar la actuación del tribunal, pero en ningún caso se podrá valorar como una contratación irregular”, ha respondido a pregunta de los grupos en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el Congreso de los Diputados.
El organismo habría vulnerado la ley, según El País, al fraccionar los contratos para que no superasen el máximo legal de 30.050,61 euros, y evitar sacarlos a concurso público con el argumento de que se trataba de obras menores. El beneficiario de estas adjudicaciones fue Ángel Ortega, empresario al que los altos cargos del tribunal contrataron a título particular para obras en sus domicilios.