Martes 10/04/2018.

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Terrorismo y rebelión, los delitos contra los cabecillas de los CDR

  • La Guardia Civil ha puesto en marcha una operación por los incidentes del 1 de abril en las autopistas de peaje de Cataluña
  • En Cataluña se estima que hay alrededor de 300 CDR, que empezaron a movilizarse apoyando el referéndum del 1-O

La Guardia Civil ha puesto en marcha una operación, a primera hora de la mañana de este martes, contra dos supuestos cabecillas de los Comités de Defensa de la República. Un hombre y una mujer que están siendo investigados por el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional por los delitos de terrorismo, rebelión y sedición.

Una de las acusadas ha sido detenida esta mañana y según algunas fuentes, el otro de los investigados todavía está en búsqueda, ya que no estaba en su domicilio esta misma mañana. Ambos están acusados de formar parte de la cúpula organizadora de los CDR.

Los delitos que se les acusa se enmarcan en las manifestaciones puestas en marcha por estos grupos tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania y la entrada en prisión de otros líderes independentistas. El domingo 1 de octubre, un piquete desmontó durante una hora las barreras de cuatro peajes de diferentes autopistas catalanas. Fechas clave en los desplazamientos por la Semana Santa.

En Cataluña se estima que hay alrededor de 300 CDR que ya se movilizaron de forma activa durante el referéndum del pasado 1 de octubre y ahora lo han vuelto a hacer. Lo cierto es que su actividad durante el 1-O fue mucho más organizativa; ahora han pasado a la reivindicación, “siempre pacífica” según ellos, contra las detenciones de los diferentes cargos políticos.

El delito de rebelión se castiga en España con hasta 30 años de prisión, en aquellos casos donde sea de extrema gravedad, es decir, con aquellos que se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

En el caso de delito de terrorismo, el Código Penal aglutina conductas con el fin de "Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo"; "alterar gravemente la paz pública"; "desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella".


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