«No sueño con una Andalucía perfecta. No puedo vivir en la irrealidad y la fantasía. Sueño con una Andalucía que cada día pueda ser un poco mejor”, fue una de las frases destacadas en el discurso de investidura con el que Susana Díaz se presentaba como presidenta de la Junta de Andalucía.
La líder andaluza ha cumplido un año de intenso gobierno, marcado, no solo por sus asuntos internos, sino también por la elección de un nuevo secretario general socialista y por un debate en torno a sus auténticas aspiraciones para dar el salto a la política nacional. En clave interna, Díaz ha vivido un mandato marcado al ritmo del caso de los ERE y de algunas leyes de calado, como la de Transparencia, con la que resuelve algunas de sus promesas de mandato. El Parlamento andaluz ha aprobado en este tiempo once leyes, y tiene otras tres en trámite.
Corrupción
Desde el momento de su llegada a la presidencia, Díaz fue consciente de que el asunto de los ERE centraría buena parte de sus esfuerzos. Ya en su discurso de investidura, la presidenta prometió ser implacable contra la corrupción, “Me avergüenza la corrupción, tanto la complicidad con la misma como la tibieza en la lucha contra ella», dijo en su toma de posesión.
Por ello, la primera medida fue abrir la puerta en su equipo de los consejeros y altos cargos que podrían estar implicados en el caso, entre ellos, el propio viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, imputado por su papel como director general de Presupuestos durante el momento de concesión de estas ayudas y que cesó “a petición propia”. Idéntico camino siguieron la responsable de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo y el titular de Economía, Antonio Ávila.
Además, la Junta ha llevado a cabo una investigación para tratar de recuperar el dinero de las subvenciones y a finales de agosto ratificó el anteproyecto de la futura Ley de Formación Profesional, que incorpora como gran novedad el principio de no exoneración, esto es, que no se concederán nuevas subvenciones si hay pendientes justificaciones de otras que se hayan recibido anteriormente, y la obligación de que estas se otorguen por concurrencia competitiva, para lo que se establecerá un baremo. Cada solicitante podrá recibir un máximo de cuatro millones de euros. El reglamento, no obstante, está aún pendiente de desarrollo.
El PP andaluz, por su parte, sigue reclamando la asunción de responsabilidades de la mandataria socialista en el caso, y considera que Díaz guarda un “silencio cobarde” sobre los ERE, después de que la juez Alaya decidiese elevar al Supremo la parte que afecta a los aforados, dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros. Díaz defendió la “decencia y honestidad” de ambos presidentes.
Otro de los reglamentos pendientes de desarrollo es el anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el fraude Fiscal, aprobado en septiembre pasado para evitar un uso inadecuado de los recursos de política social. Esta ley pretende garantizar el acceso a los servicios y ayudas públicas a quien realmente lo necesite, y para ello, estas se conceden no solo en función de la renta, sino también del patrimonio.
Transparencia
En su discurso, Susana Díaz prometió que la transparencia sería su “principio rector de gestión”. De entre sus primeras medidas, ordenó que se publicase su declaración de la renta y la de su marido, así como las de todos sus consejeros y sus parejas. También se hace público el orden del día de todos los consejos de gobierno y se publica a posteriori el acta correspondiente.
Díaz comparece además dos veces al año, en contra de lo que suele ser habitual en las comunidades autónomas,que celebran un único debate anual con los grupos políticos.
Aunque la que quizás es hasta ahora su gran ley, la de Transparencia, se aprobó el pasado mes de junio, con la unanimidad de todos los grupos, también del PP. La ley garantiza el acceso a los ciudadanos al conocimiento de la actuación de la administración autonómica y de las entidades privadas que gestionan fondos públicos. La Administración tiene un plazo de 20 días para responder a las peticiones de información- en el caso de la nacional es de un mes- y se establece un régimen sancionador para quienes la incumplan, con multas que llegan a los 400.000 euros. En el caso del Gobierno central, no se contemplan sanciones.La ley crea además un Portal de Transparencia y un Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
La ley se encuentra ahora en desarrollo reglamentario, entre ellas, la regulación de las incompatibilidades.
Empleo
La Junta ha destinado 900 millones de euros de los presupuestos para el plan de choque contra el desempleo, consciente de un dato: La cuarta parte de los parados españoles están en Andalucía, 1.018.432 se encuentran sin empleo en la comunidad. Andalucía sufre la mayor tasa de paro de España y de la UE. Desde que Díaz es presidenta, el desempleo se ha reducido en 30.000 personas. Además, el PIB de los andaluces es notablemente inferior al del resto del país. En España se sitúa en 22.279 euros por habitante, mientras que en Andalucía es de 16.666 euros.
Desde sus primeros días de Gobierno, la presidenta andaluza comenzó a poner en marcha uno de sus lemas de Gobierno: evitar las subvenciones y apoyar los incentivos. Díaz ha puesto las primeras piedras, firmando convenios con varias entidades bancarias, entre ellas Santander (4.400 millones de euros), BBVA (800 millones de euros) o Caixa Bank, esta última, la entidad financiera con más presencia en la comunidad, que se comprometió en febrero a abrir una línea de financiación por valor de 2.000 millones de euros dirigida exclusivamente a pymes y autónomos andaluces.
Otra de las medidas anunciadas por la presidenta andaluza en su discurso de investidura fue la de agilizar los trámites burocráticos para la puesta en marcha de empresas, convencida de que existe un exceso de burocracia. La Junta ha sustituido en muchos casos la obtención de la licencia por la de un “procedimiento de declaración responsable”, para lograr el objetivo de reducir a la mitad el tiempo necesario para crear una empresa. Díaz anunció también la creación de un organismo dedicado a gestionar el crédito a las empresas, que todavía no se ha puesto en marcha. El Instituto de Crédito de Andalucía se encuentra aún en fase de tramitación.
Otra de las medidas más ambiciosas en su discurso de investidura fue la creación de un observatorio “para analizar y poner en explotación el banco de tierras públicas”. El “Observatorio de Tierras” se encuentra aún en fase preliminar, y la Consejera de Agricultura comenzó en julio los encuentros con representantes políticos, el primero con IU, para analizar cómo se puede llevar a cabo. El objetivo de la presidenta andaluza es movilizar las tierras de titularidad pública agraria y forestal en favor del desarrollo económico de los ciudadanos de los municipios rurales. Los trabajos se reanudarán este mes.
Política fiscal
“No elevaremos la presión fiscal pero sí se efectuarán las modificaciones que sean necesarias para hacerla más eficiente, justa y progresiva», anunció Susana Díaz en su investidura. La presidenta de Andalucía no ha subido la carga impositiva, pero tampoco la ha bajado. La comunidad cuenta actualmente con el recargo autonómico más alto del país, con un tipo máximo marginal del 56%.
Hace unos meses, Díaz animó al Gobierno a que su reforma fiscal no se limite a una “rebajita” del IRPF, que en su opinión “no va a suponer nada”, y le pidió que se ocupase del “paraíso fiscal” de la Comunidad de Madrid, tras la reforma aprobada por este gobierno autonómico que supuso una bajada de 1»6 puntos más en el tramo del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
Andalucía tiene una presión fiscal media-la división de los impuestos directos e indirectos sumados a las tasas municipales- inferior a la media del resto del país. Sin embargo, la norma se rompe en algunas ciudades, como Huelva, que tiene el IBI, impuesto de bienes inmuebles, más elevado de entre las capitales de España. La comunidad tiene además el impuesto más alto del país en cuanto a sucesiones y donaciones.
Política Social y Vivienda
En abril, el Gobierno de Díaz atravesó la mayor crisis de la coalición que mantiene con Izquierda Unida en la Comunidad, después de que la Consejería de Vivienda, dirigida por IU, acordase el realojo de las 22 familias expulsadas de la corrala de La Utopía, en Sevilla. La presidenta de la Junta actuó con rotundida: firmó un decreto por el que retiraba temporalmente las competencias de vivienda al departamento que dirige IU y abría una investigación interna.
La crisis llegó a poner en suspenso el «pacto andaluz». Este quedó restablecido tras una intensa reunión de más de cinco horas, en la que Díaz acordó devolver las competencias a sus socios de Gobierno.