Miércoles 11/07/2018.

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El Supremo condena a España por no tramitar las solicitudes de asilo asignadas por la UE en 2015

  • Se asignó a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, aunque solo tramitó un 12,85%
  • Se trata de la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a un estado de la UE por este asunto

España no ha cumplido con sus compromisos de asilo pactados con la Unión Europea y los Tribunales han reaccionado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia establecidas por la Unión Europea. Nuestro país se comprometió dar asilo a 19.449 personas, era el cupo pactado con Bruselas; tan solo se ha acogido a un 12.85% de esas personas. Este caso es el primero por el que un tribunal nacional europeo condena a un estado de la UE por este asunto.

El alto tribunal cree que las decisiones que se han incumplido sobre estas medidas provisionales eran vinculantes y obligatorias. España tenía que acoger a las personas que habían llegado a las costas de Grecia e Italia. Por ello, este incumplimiento implica "la condena del Estado español a continuar la tramitación" de las solicitudes de asilo. El Gobierno de Pedro Sánchez deberá acceder a dar asilo al 87% de las personas que siguen sin ser acogidas en España.

El proces judicial comenzó con un recuso de Associació de Suport a Stop Mare Nostrum. La organización solicitó al Gobierno de Mariano Rajoy que cyumpliera sus compromisos y recibieron un silencio. Por ello recurrieron a la justicia y reclamaban que los tribunales obligaran al Ejecutivo a cumplir de forma “inmediata y urgente” con sus obligaciones.

El abogado del Estado se opuso a esta pretensión que consideraba carente de fundamento y puso de manifiesto que España estaba realizando las gestiones necesarias para reubicar a los que ya les habían sido asignados. El Estado defendió que se trataba de un procedimiento laborioso porque había que verificar si todas las personas del cupo reunían las condiciones precisas para poder ser considerados como refugiadas.

Subsidiarimente, el abogado del Estado solicitaba que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si corresponde en exclusiva a la Comisión Europea realizar el control del cumplimiento de las decisiones de emergencia o si también pueden hacerlo los tribunales nacionales.


¿Quién tiene la competencia para controlar si cumplimos o no?

La propuesta del abogado del Estado era que el tribunal de Europa debía decidir quien tiene competencia para controlar si los diferentes países cumplían con las obligaciones marcadas desde Bruselas. La Sala ha rechazado plantear esta cuestión: "Es cierto que la tarea de supervisar la observancia del derecho comunitario ha sido confiada a la Comisión. Esta prerrogativa conlleva responsabilidades y obligaciones específicas de las cuales la Comisión no puede evadirse", concluye el tribunal.

La sentencia señala que las cuotas de reubicación establecidas para España en un plazo de 24 meses eran del 12,15% del total de las reubicaciones comunitarias; esto quiere decir que España debería haber ofertado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 de Italia.

Recuerda además que, a pesar de que cabía la posibilidad de que los Estados miembros solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, el Gobierno del Partido Popular decidió no acogerse a tal posibilidad, y, consecuentemente, se concluye que España "ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada".

 

Los números incumplidos

El informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) reconoce que el cumplimiento de las obligaciones finales es inferior al 13%. A fecha de 4 de marzo de 2018, seis meses después de finalizar el plazo impuesto por las citadas Decisiones, de las 19.449 plazas que el Estado español estaba obligado a ofertar solo había ofertado 2.500 plazas (1875 de Grecia y 625 de Italia); un 12,85 % del total que le correspondía.

No obstante, el tribunal admite que el Gobierno español ha realizado peticiones a Grecia e Italia que "no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las Decisiones exigen para un adecuado logro de sus objetivos".

La Sala añade que la existencia de graves dificultades administrativas para el cumplimiento de tales obligaciones, que en el fondo parece plantear el abogado del Estado, "no puede constituir causa de exención de las mismas, dado que la citada Decisión, recoge medidas flexibilizadoras, que no han sido alegadas ni utilizadas por el Gobierno español".

Señala que, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el escaso número de reubicaciones efectuadas puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever en el momento en que adoptó dicha Decisión, en particular, la falta de cooperación de determinados Estados Miembros, sin embargo, "la falta de cumplimiento generalizado de las citadas Decisiones no constituye justificación de la conducta omisiva que en el recurso se denuncia", concluye la Sala.


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