Domingo 04/12/2016.

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Ruiz-Mateos declarará por el caso de Nueva Rumasa el 18 y 19 de octubre

  • El juez ha incrementado a 30 millones de euros la fianza por posibles responsabilidades que pudieran derivarse del proceso.
  • El empresario está acusado de los delitos de estafa e insolvencia punible.
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  • La Audiencia Nacional admite la personación de un segundo grupo de inversores contra los Ruiz-Mateos La Audiencia Nacional admite la personación de un segundo grupo de inversores contra los Ruiz-Mateos

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a José María Ruiz Mateos, su mujer, Teresa Rivero y sus seis hijos el 18 y 19 de octubre, tras admitir la querella de un grupo de 63 inversores contra Nueva Rumasa por los delitos de estafa e insolvencia punible.

José María Ruiz-Mateos y su mujer, así como sus hijos Zoilo y Álvaro, deberán comparecer ante el juez Ruz el próximo 18 de octubre y al día siguiente deberán declarar los otros cuatro hijos y Zoilo Pazos. Además, el juez ha incrementado a 30 millones de euros la fianza por posibles responsabilidades que pudieran derivarse del proceso.

El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación, un día después de recibir el informe favorable a la apertura de la causa penal de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez explicó que durante el curso de la instrucción "se deberá limitar con mayor precisión el importe de las presuntas defraudaciones llevadas a cabo, así como el destino último dado por los querellados a las cantidades desembolsadas por los inversores".

El juez impuso al grupo una fianza de 13 millones de euros, que ahora ha elevado a 30 millones, y ordenó la entrega de la documentación referente a la decena de sociedades del 'holding' emisoras y avalistas de los pagarés.

Además, pidió a la Unidad Central de Delitos Económica y Fiscal (UDEF) y a la Agencia Tributaria toda la documentación que tuvieran sobre las sociedades de Nueva Rumasa. Ruz descartó, en cambio, investigar la actuación de la CNMV y del Banco de España por responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tal y como pedían los querellantes.

El juez se acoge a las acusaciones de los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón que se pronunciaron a favor de la apertura del proceso penal por dos de los cuatro delitos denunciados --estafa e insolvencia punible--, tipificados en los artículos 248 y 252 del Código Penal, respectivamente. La Fiscalía descartó la acusación por delito fiscal.

El magistrado centra la causa en los 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros, identificados por la Fiscalía. A estos habrá que sumar los que adquirieron pagarés hasta enero de 2011. A partir de ahora, el resto de inversores (cerca de 5.000) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso como acusación particular.

Investigación sobre sociedades

El juez pidió también al Registro Mercantil y a los juzgados de lo mercantil toda la información sobre las sociedades que emitieron o avalaron los pagarés, todas ellas en situación concursal o pendientes de declaración de insolvencia. 

Los pagarés fueron emitidos, con una inversión mínima de 50.000 euros, por las sociedades Carcesa, Inversiones Ruiz-Mateos, José María Ruiz-Mateos, y Maspalomas Hoteles, avalados en su mayoría por Grupo Dhul y Clesa, así como Hibramer.

Las investigación sobre las operaciones de pagarés también afectan a las sociedades Rumanova, Bardajera, Carnes y Conservas Españolas y Bodegas Valdivia de Cádiz.

La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando a Nueva Rumasa desde marzo de 2010, tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de los pagarés.

Los inversores, representados por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, reclaman cerca de 10 millones de euros al considerar que en las campañas para captar inversiones particulares Nueva Rumasa mintió sobre su estructura empresarial y que la emisión de pagarés se hizo a sabiendas de que no iban a poder devolver el dinero.

El informe de la Fiscalía confirma estas acusaciones al poner de manifiesto la "opacidad" de la estructura de Nueva Rumasa, que "podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones". El grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, cuatro en Holanda y dos en Panamá.

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