El Mundo: Los técnicos advirtieron a Wert de que la «chapuza» de su ley pasaría factura al Gobierno
Cuando José Ignacio Wert estaba elaborando la Lomce, expertos educativos de distinto signo político advirtieron de que las «chapuzas» que recogía algún día le pasarían factura al Gobierno del PP. La norma salió adelante en diciembre de 2013 con un buen número de «deficiencias técnicas, jurídicas y políticas».
El ministro y su ahora esposa, la secretaria de Estado Montserrat Gomendio, la redactaron mientras el amor brotaba entre ellos. No consultaron a nadie. Ni siquiera a los que sabían de educación dentro de su propio partido.
El País: La fuga de Gabriel a Suiza obliga a un complejo proceso de extradición
La decisión de Anna Gabriel de refugiarse en Suiza aboca a España a un proceso de extradición que puede ser largo y cuyo éxito no está asegurado. Pese a que la defensa de Gabriel comunicó este martes oficialmente en el Supremo que no acudiría a declarar, el juez Pablo Llarena mantuvo la cita, prevista para las 9.30.
El instructor comunicará qué hace una vez que constate que la exdiputada de la CUP definitivamente le ha dejado plantado. El Supremo se inclina por pedir la detención inmediata de Gabriel, pero Llarena debe decidir si pide que se tramite ya la extradición o espera al auto de procesamiento.
La Vanguardia: El Supremo activará hoy la orden de detención internacional contra Anna Gabriel
El juez del caso 1-O, Pablo Llarena, dictará hoy una orden internacional de detención contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel si no acude, como ha anunciado, a declarar como investigada en el Tribunal Supremo (TS). La orden se cursará obviamente también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por si esta dirigente volviera a España. La orden internacional es el paso previo obligado para plantear después una petición de extradición.
El Confidencial: El Supremo traduce el Código Penal belga para acusar a Puigdemont de rebelión
El Estado está a pleno pulmón en su rendimiento. Carles Puigdemont, acorralado política y judicialmente en su mansión de Waterloo (Bruselas), sabe que su vuelo necesariamente será corto.
El experimento ha provocado serios daños a la economía catalana y costado a España y a sus contribuyentes muchos millones de euros, y ello sin contar los enormes agujeros dejados en la productividad de la comunidad autónoma y el desgarro en la imagen de ese territorio y del conjunto del país.
Por ello, el juez del Tribunal Supremo tiene ya la traducción del Código Penal belga que le permitiría solicitar, cuando llegue el momento procesal oportuno, reactivar la euroorden contra Puigdemont por un delito de rebelión que la citada traducción demuestra que sí existe en el citado Código belga.