El Mundo: Los tesoreros de Génova viajaron en avión a Valencia con constructores para financiar en B a Camps
Los antiguos responsables de finanzas del PP a nivel nacional acompañaron personalmente a grandes empresarios a Valencia para que realizaran entregas de dinero en efectivo al partido durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de 2007.
El País: El PNV quiere incluir el derecho a decidir en el nuevo Estatuto vasco
El PNV cree que el «derecho a decidir» (derecho de autodeterminación) tiene que estar en el nuevo Estatuto de Euskadi. El partido de Andoni Ortuzar va a llevar hoy esta propuesta a la ponencia sobre autogobierno del Parlamento vasco.
Pero no plantea la reforma del Estatuto como un vehículo para romper con el Estado, sino para reconocer al pueblo vasco como un sujeto político con derecho a decidir su futuro.
El debate se va a producir en el contexto de la mayor crisis territorial provocada por los independentistas catalanes, pero sin confrontación en Euskadi. El PNV y Elkarrekin Podemos no quieren un frente con EH Bildu.
La Vanguardia: Jordi Sànchez: «Tengo SMS con representantes del Gobierno que no hacían prever lo que ocurrió el 1-O»
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, afirma tener mensajes telefónicos privados con representantes del Gobierno días antes del referéndum del 1 de octubre en los que le aseguraban que no había tensión policial. Así lo señaló al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena durante su declaración el pasado 11 de enero, y a la que ha tenido acceso La Vanguardia.
El Confidencial: La guerra de Rajoy y Rivera se consuma y aumenta el riesgo de elecciones anticipadas
La relación política de Ciudadanos con el partido del Gobierno no sale del bloqueo. De hecho, atraviesa uno de los peores momentos desde que en agosto de 2016 firmaron su pacto de investidura en el Congreso.
La formación centrista tiene claro que dedicará el resto de legislatura a forzar que el PP cumpla el acuerdo —por mucho que haya puntos que «escuezan»—, aunque lo que ya no parece obvio es que vaya a durar los cuatro años que dice la Constitución. Sobre todo si el vínculo entre los principales socios de la Cámara sigue tan deteriorado.