UGT reclamó este martes una ley reguladora específica de los servicios sociales, que configure el papel del Estado de bienestar, estableciendo el contenido mínimo de los mismos y respetando las competencias autonómicas.
El sindicato defendió la necesidad de esta ley tras conocer el resultado de la Encuesta de Condiciones de Vida relativa a 2016 que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística, donde se muestra que tres de cada diez hogares (30,8 por ciento) con personas dependientes en España que necesitaron cuidados a domicilio en 2016 no tuvieron cubierta esta necesidad, de los cuales, la mayoría señaló que no podían permitírselo.
Hizo hincapié en que esta encuesta “vuelve a constatar las consecuencias de las políticas de recorte impuestas por el Gobierno del PP en los últimos años”, las cuales, han provocado, a su juicio, “un deterioro generalizado en todos los servicios sociales”.
UGT explicó que el contenido de la ley reguladora específica de los servicios sociales debe “garantizar la protección de los servicios sociales a todos los ciudadanos como un nuevo derecho subjetivo de protección social universal” y basarse en “la regulación de las prestaciones de los servicios sociales con una red de servicios en todo el Estado coordinada y gestionada entre todas las comunidades autónomas” y “la creación del Sistema Público de Servicios Sociales que ordene los recursos de las administraciones”.
En este sentido, argumentó que aboga por “un Sistema Público de Servicios Sociales, en el que la protección social forme parte de un sistema integrado, una atención profesionalizada y sujeta a los mayores estándares de calidad”, cuyo objetivo sea “garantizar el ejercicio de los derechos sociales, con la máxima equidad, efectividad y eficiencia”.
Por ello, instó a las administraciones públicas a “configurar políticas de inclusión social que garanticen los recursos necesarios a aquellos que lo necesiten, abarcando prestaciones en servicios sociales, económicas y protección jurídica”.