Jueves 07/06/2018.

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El PP amenaza con acabar con el modelo educativo catalán en plena guerra con Ciudadanos

  • El Gobierno estudia implantar el castellano como lengua vehicular en Cataluña

La falta de entendimiento entre los partidos independentistas para formar gobierno alarga la sombra del artículo 155 en Cataluña. El ministerio de Educación, a través de Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, avanzó ayer que el Gobierno quiere terminar con la inmersión lingüística, ahora que todavía tiene el control total sobre las instituciones catalanas. En el caso de la educación es el ministro Méndez de Vigo el que ejerce como conseller d'Ensenyament.

El Ejecutivo de Rajoy estudia incluir una casilla en los formularios de la preinscripción escolar para que padres y madres puedan escoger si quieren que sus hijos estudien en castellano, lo que terminaría con el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza catalana.

El modelo de inmersión lingüística cuenta con un amplio respaldo de la sociedad catalana, desde la comunidad educativa hasta los sindicatos, pasando por el grueso de la sociedad civil, aunque con algunas excepciones. Por ejemplo, el sindicato de profesores AMES y la organización Sociedad Civil Catalana (SCC), que han pedido al Gobierno que implante esta medida. En el plano político se oponen a él PP y Ciudadanos, mientras que el PSC y Catalunya en Comú lo respaldan, además del PDeCAT, ERC y la CUP.


Dos razones

El anuncio por parte del ministerio de Educación de esta posibilidad responde a dos razones. Por un lado, es una forma de presionar a los partidos independentistas para que formen Gobierno y desbloqueen el Parlament. Por otro, también se explica por la "guerra" abierta entre populares y naranjas por captar el voto antinacionalista, en un momento en que gran parte de las encuestas indican el auge de la formación naranja en detrimento de los populares.

El partido que lidera Albert Rivera ya presentó el pasado martes una proposición de ley para que el conocimiento del catalán, gallego y euskera no sea un requisito para los trabajadores de las administraciones públicas en sus respectivas comunidades autónomas. Hay que recordar que Ciudadanos nació en 2006 en Cataluña como un partido antinacionalista, que además de oponerse a la inmersión lingüística rechazó el Estatut de 2006, recortado en 2010 después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Si se pusiera finalmente en marcha la casilla de la escolarización en castellano tendría lugar a finales de marzo, una vez se abra la apertura de las preinscripciones escolares. No es el único campo de batalla que pretenden abordar los populares durante las próximas semanas. El Ejecutivo de Rajoy también continúa indagando sobre el presunto adoctrinamiento en los libros de texto catalanes. "El informe está en marcha, se ha ampliado y se ha llevado también a Primaria, no solo a Secundaria", explicó Marcial Marín, secretario de Estado de Educación.

En la línea del plan de Ciudadanos, Soraya Sáenz de Santamaría también incluye la función pública dentro de los planes del Gobierno. "A las administraciones autonómicas hay que aplicarles una serie de medidas importantes en el ámbito de la función pública o educación durante los meses de febrero y marzo", explicó la vicepresidenta del Gobierno.

El anuncio gubernamental ha causado gran inquietud en las filas independentistas, conscientes de la absoluta necesidad de formar gobierno cuanto antes para que se levante el 155. Algo que, teóricamente, ocurrirá una vez que el nuevo Govern tome posesión de manera física y legal el Palau de la Generalitat, tras una sesión de investidura que sigue sin llegar debido a la falta de consenso en torno al candidato, así como en la forma en que éste debería ser investido.

JxCat antepone como prioritaria la investidura de Carles Puigdemont pese a los impedimentos legales, hecho que ha sembrado la división en el espacio neoconvergente. Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, ha pedido rapidez para formar "un Gobierno estable, que se mueva dentro de la legalidad".

Cada vez son más las voces en el seno del espacio neoconvergente y de ERC que consideran que Puigdemont debe proponer una alternativa viable a su investidura. Consideran que el tiempo de la unilateralidad ha pasado, mientras que la CUP sigue abogando por ésta.

Sin embargo, el largo proceso judicial que espera a los diferentes integrantes de la estrategia que pretendía crear una República catalana alargará, previsiblemente unas semanas más, las previsiones para formar el nuevo Govern, salido tras las elecciones del 21D.

Mireia Boya, exdiputada de la CUP, declaró ante el Tribunal Supremo el 14 de febrero y en los próximos días lo harán Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas, Neus Lloveras y Anna Gabriel.

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