El Partido Nacionalista Vasco se ha convertido en una de las fuerzas más poderosas a nivel parlamentario en esta legislatura. Gracias a que ellos, junto a Coalición Canaria y Ciudadanos, pueden darle una mayoría absoluta al Partido Popular para sacar adelante sus propuestas económicas, han conseguido renegociar el Cupo Vasco saliendo claramente beneficiadas sus exigencias. Además, la llamada »Y Vasca» de AVE, uno de los reclamos más importantes de PNV de la última década, ya está empezando a materializarse. Esta fuerza podría llevar a PNV a relanzar su proyecto de reforma del Estatuto Vasco, incluyendo el derecho a la autodeterminación y el reconocimiento jurídico de nación que ya ha propuesto, relanzando de alguna manera el Plan Ibarretxe. Cabe destacar que desde el PNV han hecho énfasis en que en ningún caso esta propuesta tiene como objetivo desencadenar un proceso de ruptura, desobediencia o unilateralidad, solo un avance en la legislación hacia un mayor autogobierno.
El PNV, partido de gobierno en el País Vasco, ha presentado su propuesta de reforma del estatuto en una nueva sesión de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, lo que significa que no hay nada avanzado, ni mucho menos consenso, para relanzar una propuesta a través del legislativo vasco, ni para que el gobierno autonómico, haciéndose eco de ella, inicie negociaciones con Rajoy. Los plazos hacen pensar que será difícil que los nacionalistas vascos puedan terminarla a tiempo para 2018, porque tendría que ser aprobada en pleno en el Parlamento Vasco y remitido después al Congreso de los Diputados, plazos que podrían conllevar, como mínimo, de seis a ocho meses.
La propuesta tiene serias posibilidades de salir adelante con un amplio consenso. Las motivaciones de la reforma: buscar un mayor autogobierno, una relación bilateral con el Estado Español, el reconocimiento jurídico como nación y el derecho a la autodeterminación, serían vistas con buenos ojos por EH Bildu, e incluso por Podemos Euskadi, donde estarían dispuestos a escuchar y negociar. La suma de las tres fuerzas, las que más representación tienen en el Parlamento Vasco, sería considerablemente alta: 57 escaños, 19 por encima de la mayoría absoluta (38 escaños). Si se consiguiera esta suma, en contra solo se posicionarían PP y PSE-EE (PSOE Vasco), con un tal de 18 escaños.
Condicionados por los plazos
Si Rajoy quiere sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado este año -o en 2019- deberá contar necesariamente con los nacionalistas, aunque cierto es también que PNV ha decidido posponer las negociaciones con el PP, en palabras propias, hasta que la situación de Cataluña «se estabilice». Eso es, a efectos prácticos, hasta que se forme un nuevo Govern y las tensiones empiecen a relajarse. Los nacionalistas vascos no se ponen fecha para negociar las cuentas, algo que Montoro si ha hecho para intentar recuperar la iniciativa. Ese ultimátum para pactar los presupuestos se cumplirá el 31 de marzo.
El Gobierno Español tiene como objetivo aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en el que se refleje un incremento de los salarios de los funcionarios y una inversión importante en infraestructuras, entre otras novedades. En esencia, unas cuentas que, para el PP, serían las que visibilizasen la consolidación de la recuperación económica, y consolidasen el objetivo de déficit 0 planteado para 2020. Estos presupuestos podrían ser o los de 2018 o los de 2019. Si se consigue en 2018, se cerrará la puerta al nuevo estatuto que propone PNV, ya que los plazos imposibilitan que puedan llegar a materializar esta propuesta. Su única salvación es que el Gobierno prorrogue las cuentas de 2017 este año, y sea en 2019 cuando intente aprobar unos nuevos presupuestos, para los que le haría falta el apoyo de los nacionalistas vascos.
A nivel nacional, otra de las trabas del PNV para poder sacar adelante su propuesta de estatuto es la fuerte oposición Ciudadanos. La formación naranja no tiene representación en el Parlamento Vasco pero juega un papel esencial en el Congreso de los Diputados, donde son los principales socios de gobierno Su posición, más centralista y antinacionalista que la del Partido Popular, choca con los planes de los nacionalistas vascos.
El estatuto podría dinamitar el Gobierno Vasco
El ejecutivo autonómico que gobierna Íñigo Urkullu no es demasiado fuerte a pesar de haberlo revalidado por segunda vez. Lo cierto es que PNV gobierna en coalición -y en minoría- junto al PSE-EE, con el apoyo total de 37 escaños, a uno de la mayoría absoluta. Además, como bien se sabe, el PSE-EE no es un partido nacionalista y mucho menos defiende el derecho de autodeterminación.
Todo esto se traduce en que si el PNV decide llevar a cabo la reforma del estatuto que pretende, el gobierno autonómico podría dinamitarse y reconfigurarse, quién sabe si con EH Bildu y/o Podemos Euskadi. Pacto que tampoco parece compatible ya que el PNV es un partido de corte conservador, liberal de centro-derecha, y EH Bildu (abertzale de izquierdas) y Podemos Euskadi (socialdemócrata y marxista) están muy lejos de esa posición.
Podría correr la misma suerte que el Estatuto Catalán de 2006
Por último, la última traba en el camino que tendría el PNV sería el Tribunal Constitucional. En el caso de que se consiguiera aprobar un nuevo Estatuto Vasco, que incluyera el derecho de autodeterminación y/o el reconocimiento jurídico de nación, desde el Alto Tribunal podría echarse para atrás si se presenta algún recurso en su contra, si se demuestra alguna incompatibilidad con la soberanía española, algo que ya pasó con el Estatuto Catalán.
La reforma del estatuto autonómico de Cataluña se llevó a cabo en 2006, pactado con el Gobierno de Zapatero y aprobado en el Congreso, el Parlament y en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, sin embargo un recurso del PP y una sentencia del Tribunal Constitucional lo tiraron abajo. La reforma de estatuto contenía el reconocimiento de nación para Cataluña, región con derechos similares al País Vasco en la Constitución Española, salvo por la Hacienda vasco-navarra.
El origen de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco
Grupo de Trabajo en forma de comisión, de foro parlamentario, constituido en 2014 para buscar el mayor consenso posible entre fuerzas, con ayuda de expertos, para actualizar el Estatuto de Gernika firmado en 1979. Dicho estatuto, de los primeros que se firmaron en democracia, ha sido objeto de actualización de multitud de gobiernos vascos desde los años 90. El último y más mediático intento fue el llamado Plan Ibarretxe, encabezado por el Lendakari Juan José Ibarretxe durante la primera mitad de la década de los años 2.000.
El Plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento Vasco y derribado por el Congreso en el año 2005, recogía el derecho a decidir y el derecho a ser considerado el País Vasco como nación jurídica, además de un poder judicial autónomo del español.