Sábado 03/12/2016.

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SÓLO EL 4% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA HA ACCEDIDO AL MERCADO LABORAL

Sólo el 4% de personas con discapacidad intelectual severa ha accedido al mercado laboral en alguna ocasión, según un estudio que hoy presentó la Confederación Plena Inclusión España financiado por el Real Patronato sobre Discapacidad.
El documento lo han realizado expertos del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) de la Universidad de Salamanca. En el acto de presentación, al que asistió el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, estuvieron presentes los dos principales investigadores, Miguel Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la Discapacidad de la Facultad de Psicología, y Patricia Navas, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de dicha universidad.
Verdugo explicó que fue difícil seleccionar la terminología “por falta de consenso a nivel internacional, donde hay confusión con lo que verdaderamente es la discapacidad intelectual o del desarrollo, y en España todavía se da una gran escasez de publicaciones”.
El estudio destaca la necesidad de que la Administración intervenga para cubrir las necesidades de este colectivo. En 2008 el número de personas con discapacidad intelectual profunda o severa ascendía a 63.610, alcanzando un nivel de prevalencia sobre el total de la población del 0,16%.
La población con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo aumentó un 44,2% en 2008 con respecto a 1999, lo que en términos absolutos se traduce en que en 2008 residían en hogares 14.413 personas más que en 1999.
En cuanto eduación y empleo, apenas el 6% dispone de estudios primarios completos y el 96% se encuentra inactivo, “lo cual podría mejorar mediante una escolarización combinada basada en el tándem ‘centro-colegio’ que en muchas comunidades autónomas todavía no es aceptada”, explicó el vicepresidente de Plena Inclusión, Mario Puerto.
Para eliminar los escenarios de exclusión la entidad propone revisar recursos que se destinan a residencias y centros para impulsar y reforzar “la ayuda personalizada acompañada de un modelo en el que la propia persona puede opinar sobre sus necesidades, además de evitar la atención médica que se dispersa por falta de una profesional especializado que atiende de primera mano”.

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