El fundador y director de la ONG Pro Activa Open Arms, Oscar Camps, denunció hoy en el Parlamento Europeo la «criminalización» que sufren las ONG dedicadas al rescate de personas en el Mediterráneo y consideró «muy grave» que Italia pidiera la entrega de los inmigrantes rescatados a guardacostas libios.
Camps participó en un debate de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo junto con el jefe de operaciones de la ONG, Gerard Canals, y el director general de Frontex, Fabrice Leggeri.
En una rueda de prensa posterior, Camps señaló que desde 2016 se lanzó una campaña para desacreditar a las ONG que operan en el mar, que ha acabado reduciendo progresivamente el número de barcos humanitarios en la zona, pasando de 11 en 2016 a uno solo en 2018.
«Primero fueron campañas contra las ONG, luego se pasó a la actuación militar, a las amenazas, a los disparos y a los secuestros. Ahora mismo ya estamos encausados directamente por estar en el Mediterráneo y ser testigos de lo que vemos allí cada día», manifestó.
El director de la ONG relató hoy su experiencia a bordo del buque que se encuentra actualmente retenido en el sur de Italia y cuya tripulación está acusada por la fiscalía de Catania de colaborar con «grupos criminales» dedicados a la inmigración ilegal.
Según dijo, el barco de Open Arms recibió una llamada desde el Centro de Rescate Marítimo Coordinado (MRCC) de Roma para atender el naufragio de una embarcación en el Mediterráneo y una vez allí se les pidió la entrega de los rescatados a guardacostas libios.
Para el activista, esto supuso una gran sorpresa para la tripulación ya que el acuerdo alcanzado entre Italia y las ONG para actividades de rescate no incluye obedecer a las autoridades libias, y criticó que pretendieran cambiar las normas del juego «en medio de un rescate marítimo», por lo que decidieron mostrar «una resistencia pasiva» y no colaborar en la entrega.
«Es extremadamente grave, y es la primera vez que ocurre, que el MRCC de Roma reconozca formalmente que los guardacostas libios deben coordinar el evento y que tenemos que renunciar a intervenir en ese rescate. Si reconocemos un proyecto de guardacostas a 70 millas de su costa, algo no estamos haciendo bien», afirmó.
«Todo el mundo sabe que Libia es un Estado descompuesto», agregó.
Por su parte, el eurodiputado español Ernest Urtasun (ICV), también presente en la rueda de prensa, recordó que, según el máximo responsable de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), Fabrice Leggeri, Libia «no reúne las condiciones» para una acogida segura de inmigrantes y carece de una zona SAR (búsqueda y rescate, en inglés) homologada para ello.
«Si Leggeri dice que no hay zona SAR en Libia, habrá que reconocer que tenemos un agujero negro de 350.000 kilómetros cuadrados en los cuales ni Frontex ni Libia tienen capacidad para atender. Si echamos a la acción humanitaria en esa zona, ¿qué nos queda?», agregó Camps.
A su vez, Canals afirmó que se está usando el caso contra Open Arms para asustar a otras ONG y aseguró que esa estrategia «no va a funcionar».
Además, los activistas confirmaron que están barajando distintas opciones para adquirir un nuevo barco que sustituya al inmovilizado en Italia y que la elección dependerá del apoyo que reciban.
Por último, Camps y Canals criticaron que esta situación se haya tratado como «un tema de refugiados» cuando su organización se dedica a operaciones de salvamento en el mar a personas que necesitan auxilio, sin evaluar quiénes son o adónde van, «y eso es precisamente lo que hicimos».
Ambos tenían previsto también participar en una reunión de trabajo en la Comisión Europea, así como en un encuentro con eurodiputados de distintos grupos políticos para tratar la cuestión.