Cuatro patrulleras de altura, tres patrulleras litorales, hasta seis aviones no tripuladas y otras tantas embarcaciones, un remolcador de altura, cuatro corbetas polivalentes y un buque de apoyo. Es la dotación material que la sección de Defensa de la Assemblea Nacional Catalana, la entidad privada que trabaja en el diseño de una hipotética Catalunya independiente, contempla en el diseño de una Marina propia, según el documento en el que desglosa su primera propuesta para un Ejército catalán. Esa propuesta va más allá, y explica que, puesto que las dotaciones iniciales de personal serán limitadas, se recurrirá a Mossos, policías locales y portuarios.
Aunque sin despiezar con qué presupuesto contaría esta hipotética Fuerza Naval catalana, sí se sabe, hasta el momento, que lo contemplado para el Ejército asciende a 2584’17 millones de euros, más del doble presupuestado para 2014 en la Consellería de Interior, a la que se adscribe la policía catalana. Este Departamento, según datos de la Generalitat, cuenta este año con 1110’6 millones de euros, 200 menos que hace cuatro años.
Los sindicatos llevan tiempo denunciando los recortes a los que se enfrentan, ilustrándolo de forma gráfica: la falta de coches patrulla, por ejemplo, les obliga a patrullar en Metro y autobús y hacer uso de su abono transporte particular para poder cubrir los servicios. En los últimos dos años, el departamento de Interior de la Generalitat ha suprimido una quinta parte de los coches con los que patrullaban los agentes. De una flota de 2.738 vehículos en 2011, se ha pasado a otra de 2.223, con un área especialmente crítica, la metropolitana de Barcelona, la zona más poblada de Catalunya y donde también se produce más ajetreo de salidas. Las comisarías de esta zona cuentan con 709 coches patrulla, 200 coches menos que hace tres años. Y la reducción presupuestaria no se queda sólo en los vehículos. Alcanza también a la gasolina y a las reparaciones. Los coches esperan en el taller a que puedan volver a ser operativos.
La situación, tragicómica, ilustra las denuncias de los Mossos. Afirman también que los agentes se ven obligados a utilizar su propio móvil para comunicarse con la central porque con frecuencia fallan sus teléfonos de trabajo o que las prácticas de tiro no se realizan por falta de munición… o sí se realizan “imaginando que disparan”, dicen desde el sindicato CAT, desde donde también apuntan que la falta de material llega a límites de que los grupos operativos (ARRO) deben ceder su mono de trabajo a los recién llegados y que faltan cascos para motoristas.
Los recortes llegan también a la formación- los cursos para mandos duran dos meses, cuando en otros cuerpos policiales suelen impartirse durante medio año- y al propio estado de las comisarías. En varias manifestaciones, los sindicatos han mostrado fotografías del estado en que se encuentran las dependencias policiales, en las que se podían apreciar ratas y basura amontonada. En algunas comisarías, no tienen ni para papel higiénico, denuncian.
Los colectivos profesionales han advertido de que estos recortes ponen en riesgo su propia seguridad. Ocurrió, por ejemplo, el pasado mes de mayo, cuando un mosso quedó herido de gravedad cuando intentó identificar a un sospechoso de tráfico de drogas y recibió una puñalada por la espalda. Los sindicatos denunciaron entonces que la situación podría haberse evitado si los agentes contasen con chalecos interiores. Una medida de protección básica que los mossos llevan un lustro reclamando. En diciembre del año pasado, el Gobierno de Mas aprobó la dotación de 13.500 chalecos en lo que el conseller de Interior, Ramón Espadaler, calificó de “esfuerzo presupuestario”, 6’5 millones de euros.
Los Mossos llevaban cinco años protestando por el excesivo peso de los actuales chalecos, cinco kilos, que hacía muy complicada su movilidad y provocaba que muchos compañeros se viesen obligados a costear los 400 euros de su precio o a prescindir directamente de llevar la prenda. Los chalecos, en cambio, no llegarán a las comisarías hasta otoño o principios del año que viene.
Con las necesidades materiales, los sindicatos se quejan además de las carencias de personal y cifran en más de mil los Mossos que sería necesario incorporar al Cuerpo para cubrir las necesidades de seguridad en Catalunya. En 2006, la Generalitat acordó que en 2015 habría 18.627 agentes y actualmente hay 17.058, mientras la comunidad tiene la tercera tasa de criminalidad más alta del país, 57’2 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, por detrás de Baleares y Madrid, según datos del ministerio de Interior.
Los recortes no han afectado únicamente a esta Consellería. En cuatro años, la comunidad ha reducido su partida dedicada a Educación en más de 1.000 millones de euros, de 5.222 millones a 4.147’4 millones, contemplados para 2014. Lo mismo ocurre con la Sanidad. De los 9.684’4 millones con que se contaba en 2010, se ha pasado a los 8.216 actuales. O con Bienestar y Familia, que cuenta este año con 1630’5 millones de euros, 300 menos que hace cuatro años.