Algo ha cambiado en las calles españoles durante los últimos años, probablemente como resultado de los altos niveles de paro juvenil y las nuevas formas de consumo que nacen de la mano de la transformación digital. Miles de bicis y motos transitan las principales calles españolas con mochilas a sus espaldas (previo pago de una fianza que no siempre se recupera) para entregar los pedidos de comida a domicilio de clientes de diferentes bares, restaurantes y cadenas alimentarias.
Just Eat, que llegó a España en 2010, ha expandido su negocio desde entonces pero, sin embargo, dicha expansión no se traduce en beneficios económicos. La compañía londinense registró pérdidas de hasta 10,2 millones de euros en 2015 y 9,9 millones de pérdidas en 2016, pese a que su volumen de facturación creció un 143% (pasando de 7,53 a 18,35 millones).
Roofoods Spain, la filial de Deliveroo que opera en el país, llegó a España en julio de 2015. En su primer año tuvo poca actividad y las pérdidas se contaron por casi un millón de euros. En 2016, sin embargo, el grupo tampoco ha rentabilizado su inversión pese haber expandido su negocio hasta los 3,8 millones de beneficios. Las pérdidas llegaron a los 5,6 millones, lo que significa que la compañía británica cerró con casi 2 millones en saldo negativo.
La salud financiera de Glovo no es mucho mejor. Este mes de enero se cumplen tres años desde que Oscar Pierre y Sacha Michaud fundaran Glovo en Barcelona a través de una app. El modelo, que ya funcionaba en Estados Unidos, era pionero en nuestro país.
La compañía registró números rojos en sus dos primeros años, con 614.199 millones de pérdidas en 2015 y 4,5 millones de pérdidas en 2016.
Precariedad laboral
Sin embargo, quienes se llevan la peor parte son los trabajadores. Bajo el disfraz del «emprendimiento» se esconde una falsa relación laboral en la cual los trabajadores son autónomos pero tienen que adaptarse a los horarios que establece la compañía, quedando desprotegidos y sin un mínimo de horas semanales que les permita llegar con garantías a final de mes.
Durante el año pasado hubo varias manifestaciones y huelgas en la cual los trabajadores de Deliveroo reclamaron una mejora de las condiciones económicas y terminar con lo que consideran «esclavitud moderna», bajo nuevas formas de explotación laboral.
Los trabajadores están bajo la dirección de una empresa, como cualquier trabajador asalariado, con la diferencia de que no disponen de medios propios, ni seguros por accidente laboral, no pueden fijar sus vacaciones y la empresa no les paga la Seguridad Social.
Es lo que se conoce como falso autónomo. La empresa decide quien trabaja y quien no cada día, en qué zonas y con qué horario. Además, sabe en todo momento dónde están los trabajadores por los dispositivos de geolocalización y les pueden sancionar según su criterio. Pueden ser despedidos (»desconectados») en cualquier momento sin indemnización ninguna y sin recibir explicaciones, a través de un aviso en la app.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió a Deliveroo en julio del año pasado un expediente de investigación por posible fraude laboral. La Inspección de Trabajo concluyó en diciembre de 2017 que los »riders» de Deliveroo son falsos autónomos.
Unos días después, la Unión General de Trabajadores (UGT) denunció fraude laboral a la Dirección General de Trabajo para que investigara a Deliveroo, Glovo, Ubereats y Stuart por presunta vulneración de derechos laborales. El sindicato también exigió que se considere asalariados a los trabajadores y que las empresas paguen las cotizaciones a la Seguridad Social.
Este es, básicamente, el modelo laboral de Deliveroo y Glovo, no así el de Just Eat, que actúa como plataforma que pone en contacto a clientes y restaurantes. Just Eat se lleva un porcentaje por cada pedido (entre el 13 y el 14%) y los repartidores son contratados por los restaurantes.
Las empresas no cuadran números pero la peor parte se la llevan los trabajadores, cuya situación es muy precaria. Los datos abren el debate sobre la sostenibilidad del modelo de negocio y tal vez la resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia sea el inicio de una mejora de las condiciones para los trabajadores del sector.