Más colapso en las urgencias, mayor sobrecoste para el sistema sanitario y más riesgo de infecciones y contagio de enfermedades. Es el panorama, a juicio de los médicos, a patir del 1 de septiembre, cuando los inmigrantes sin permiso de residencia dejen de tener la tarjeta sanitaria y, por tanto, la única puerta de acceso a la sanidad sean las urgencias de un hospital.
Médicos de familia y de urgencias sostienen que dejar a este colectivo de extranjeros sin posibilidad de acudir a una consulta gratis empeorará el problema de saturación en estos servicios y puede generar situaciones de conflictividad ante la disyuntiva de qué paciente necesita primero el ingreso, o una determina prueba. Los especialistas calculan que unos 500.000 inmigrantes se van a quedar sin tarjeta sanitaria. Además, la reforma obliga a los jóvenes mayores de 26 años que nunca hayan cotizado a demostrar que no tienen recursos para costearse la sanidad.
«Es una mala solución en todos los sentidos», lamenta Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que ve varios problemas: más sobrecarga asistencial en las urgencias, un mayor riesgo de enfermedades infecciones y de contagio, por ejemplo, de tuberculosis, cuya incidencia es mayor entre inmigrantes vulnerables. Sobre este punto, argumenta que las personas afectadas por la norma dejarán de tener un control de enfermedades contagiosas, y también de patologías crónicas cuyos efectos pueden aumentar. «Hemos convertido la sanidad en un factor de desigualdades sociales«, indica el especialista.
Pedro Villarroel, jefe de urgencias del Hospital Clínico San Carlos, también sostiene que con esta medida se va a agravar la
«sobreutilización» de este servicio, que moviliza más recursos que la atención primaria por la mayor disponibilidad de pruebas y el acceso inmediato a las distintas especialidades. El tratamiento que recibe el paciente es multidisciplinar.
Más coste para el sistema sanitario
El Ministerio de Sanidad calcula que limitando el acceso sanitario a los inmigrantes irregulares el sistema se ahorrará 500 millones de euros. En cambio, el doctor Tranche considera que a largo plazo la mayor saturación en las urgencias supondrá más coste. Tranche argumenta que en estos servicios se mueven más medios materiales y humanos, ya que se pone a disposición del paciente todo tipo de pruebas para descartar patologías graves.»Los sistemas de salud más eficientes son los que tienen una atención primaria potente», incide el especialista.
Tomás Toranzo, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, opina que la sobrecarga en las urgencias puede generar «situaciones de conflictividad». Argumenta que entre los casos de emergencia, se mezclarán patologías de inmigrantes que solo podrán recibir esa asistencia puntual; no tienen derecho a un seguimiento de su enfermedad en atención primaria. Para comprobar si se han curado, deberán pasar otra vez por la puerta de urgencias.
«El ahorro lo justifica todo en esta reforma. Pero en la práctica, los servicios de urgencias van a estar en malas condiciones, y se van a producir problemas en los ingresos, va a haber presiones en la atención, y puede que algunos pacientes exageren los síntomas para recibir la asistencia. Todo esto es una distorsión del sistema», se queja Toranzo. Los hospitales de las grandes capitales, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, y de zonas turísticas mostrarán una fotografía nítida del embudo de las urgencias.