La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística, a una pena de 11 años de cárcel y una multa de 240 millones de euros por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación, en una sentencia histórica por la dimensión del proceso y su complejidad. Pero, además, el tribunal, que ha tardado un año en elaborar la sentencia, pido que lo saqueado en este caso de corrupción se revierte en Marbella, ciudad endeudada con la Seguridad Social y Hacienda por los desmanes de 15 años de gobiernos del GIL.
La pena impuesta al »Jefe» de la trama no llega a la mitad de lo que pidió la Fiscalía Anticorrupción: 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa. La sala ha absuelto a en torno a un tercio de los procesados en esta causa, 95, que estalló el 29 de marzo de 2006.
Entre los acusados que suman mayores penas figuran la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, sentenciada a siete años de prisión y multa de 2,3 millones; Montserrat Corulla, testaferro de Roca, condenada a cuatro años de cárcel y multa de 30 millones; Pedro Román, exprimer teniente de alcalde, con una pena de cuatro años de prisión; Juan Hoffmann, condenado a 3 años y tres meses y 22 millones de multa; y la exprimera teniente de alcalde Isabel García Marcos, a cuatro años.
El exalcalde Julián Muñoz ha visto muy reducida su pena -el fiscal le pedía diez años, y el tribunal le ha impuesto una condena de dos años de prisión, más 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación.
Las penas han sido más leves, por lo general, que lo que pedía el Ministerio Público. Pero en lo relativo a la responsabilidad civil de los acusados, el tribunal ha establecido una postura dura y ejemplarizante, sobre todo en lo que respecta a la fortuna de Roca.
En cuanto a los empresarios implicados por el pago de sobornos, las condenas han sido suaves, teniendo en cuenta lo que pedía el fiscal, y hay constructores que han salido absueltos, como Cristóbal Peñarroya. Entre los promotores condenados, figuran Ávila Rojas, condenado a tres años y ocho meses; Francisco García Lebrón, condenado a tres años de cárcel, Carlos Sánchez y Andrés Liétor, sentenciados a seis años y cuatro años de cárcel, o Rafael Gómez »Sandokán, seis meses de cárcel.
El hecho de que el tribunal haya aplicado penas más leves de lo previsto y haya acordado absoluciones puede explicarse en la circunstancia de que es complicado demostrar el cohecho y la realidad del blanqueo ante un entramado tan opaco. Precisamente, la reforma del Código Penal en materia de corrupción establece el endurecimiento de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación y acota el tipo delictivo de cohecho. Se pretende castigar de forma más severa los sobornos a los políticos, simplemente demostrando que ha habido regalos o pagos, sin necesidad de comprobar el receptor benefició a la persona que le gratificó, según adelanta el diario
La sala ha ordenado intervenir el 64% del patrimonio descubierto de Roca, con lo que el exasesor de Urbanismo perderá coches, todas sus fincas, yates y parte del dinero bancario. El resto de sus bienes los tendrá que emplear para hacer frente a la multa de 240 millones que le ha impuesto el tribunal.