Martes 06/12/2016.

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El Gobierno aprueba su proyecto para que España deje de tener imputados

  • El fiscal pasa a instruir las investigaciones.
  • Se regula la figura del agente encubierto en Internet.
  • El fiscal tendrá poder de veto fentre a acusaciones populares.
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  • Francisco Caamaño, titular del Ministerio de Justicia

El Consejo de Ministros aprobó en el día de ayer el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por el que se dejará de usar el término 'Imputado' en las causas judiciales, a favor del empleo de 'Investigado'. 

En la reforma que pretende aprobar antes de marzo el Ejecutivo socialista, se entregará al fiscal la dirección de la investigación, que hasta ahora está en manos del juez de instrucción.

Además, con el nuevo texto legal, el investigado podrá entrevistarse con su abogado antes y después de declarar ante la Policía, y se regula su derecho a intérprete y a conocer todos los cargos y el expediente íntegro de la causa abierta contra él.


Menor incomunicación

Con ese mismo objetivo, el de salvaguardar los derechos de los detenidos, también se refuerzan las garantías en las medidas de incomunicación. Así, la prisión incomunicada sólo se decretará para determinados delitos, como el homicidio, la detención ilegal o secuestro, o en los casos en los que exista riesgo de ocultación o destrucción de pruebas fundamentales para la investigación.

Otros aspectos que se regulan son la interceptación de las comunicaciones, la entrada y registro en domicilio, la exploración física y corporal, la protección de datos y la figura del agente encubierto en Internet para reforzar, entre otros, la lucha contra delitos de pornografía infantil.

El anteproyecto afecta también a la actuación de la acción popular, a la que se ponen límites objetivos y subjetivos para evitar abusos. Las limitaciones objetivas supondrán que la acción popular no podrá actuar por sí sola como acusación si el fiscal o los perjudicados han pedido el archivo de la causa y las subjetivas impedirán que la ejerzan las Administraciones Públicas, los partidos políticos y los sindicatos.

El proceso de instrucción también se limita temporalmente a un año, excepto para casos de terrorismo y crimen organizado en los que podrá ampliarse, para evitar que puedan existir investigaciones indefinidas que se alarguen durante años, lo que acaba derivando en "penas de banquillo".


Los jueces serán garantes

Además de dejar la investigación en manos del fiscal esta reforma también refuerza la posición de los jueces como "garantes" del proceso penal, al establecer un juez de garantías, un juez de control en la audiencia preliminar y, por último, el juez que juzgará en el juicio.

De esta forma, los representantes del Ministerio Público podrán poner fin a un procedimiento en el momento en el que no se acrediten indicios de delito y serán los encargados de dirigir las labores de investigación de la policía judicial, tarea que hasta ahora correspondía a los jueces.

Se establecerá también una segunda instancia penal, lo que ayudará a descargar de trabajo al Tribunal Supremo, que podría dedicarse así plenamente a su función casacional.

El Gobierno confía en poder sacar adelante esta reforma antes de que acabe la legislatura el próximo mes de marzo y espera lograr el consenso con todas las fuerzas políticas, cuando el proyecto llegue al Congreso a partir de octubre.

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