ABC destaca que la Junta de Andalucía pagó a profesores y empresas que teóricamente impartían cursos de formación para desempleados el doble de lo legalmente estipulado, según datos que obran en poder de la investigación que está llevando a cabo la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Asimismo, solo controlaba la ejecución de aproximadamente el 20 por ciento de los cursos que financiaba.