Artur Mas no irá a la cárcel. Al menos, no por los presuntos delitos que pueda haber cometido al convocar “el proceso participativo”. Según Norberto de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, dos son los delitos que puede haber cometido Más: prevaricación administrativa y desobediencia a resoluciones judiciales.
La Fiscalía puede interponer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues los cuatro funcionarios contra los que se pretende querellar están aforados. Se trata del presidente Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega, el conseller de Interior Ramón Espadaler y la consellera de Educación, Irene Rigau.
Según explicó el catedrático De la Mata a lainformacion.com, las precauciones tomadas por la Generalitat hacen difícil que finalmente los tribunales admitan a trámite la querella. El president Artur Mas no quiso denominar “consulta” ni “referéndum” al acto que tendría lugar el 9N. Prefirió utilizar el término “consulta participativa” para no ser acusado de desobedecer la resolución del Tribunal Constitucional.
1. ¿Qué delitos podría haber cometido el president de la Generalitat, Artur Mas, al convocar el acto del pasado domingo?
Si se le pueden imputar delitos, son sólo dos: un delito de prevaricación administrativa (art. 404 del código penal) y otro delito de desobediencia a resoluciones judiciales (art. 410).
2. ¿En qué consiste el delito de prevaricación administrativa?
Lo comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de que está cometiendo una injusticia, toma una decisión arbitraria en un asunto administrativo.
3. ¿La ha cometido Mas?
Hay muchas dudas de que este proceso participativo, como él se ha cuidado de llamarlo, sea injusto o ilegal. La frontera entre ilegalidad administrativa e ilegalidad penal es muy tenue.
4. ¿Y el delito de resoluciones judiciales?
Tendría que estar muy acreditado que ha desobedecido una resolución judicial. El Tribunal Constitucional prohibió la celebración de la consulta, pero la Generalitat le cambió el nombre al evento para denominarlo “proceso participativo”. Mas insistió en que no estaban incumpliendo la sentencia del TC, puesto que no era una consulta, sino otra cosa (un proceso participativo) que no había sido prohibido por ningún tribunal. De hecho, pusieron en manos de ciudadanos voluntarios la gestión del proceso: las urnas, las papeletas, el recuento…
5. En caso de que Mas fuera condenado por estos delito, ¿podría ir a la cárcel?
No, porque no son delitos tipificados con penas de prisión. En el peor de los casos para Artur Mas, podría ser condenado a penas de inhabilitación de cualquier función pública hasta diez años. Esto es: no podría ser elegido parlamentario, y por tanto tampoco presidente de la Generalitat; ni siquiera podría ejercer un cargo público aunque fuera en un pequeño municipio. Tampoco podría ser contratado por ninguna entidad pública.
6. ¿Aparte de Mas, qué otros funcionarios de la Generalitat podrían ser procesados y por qué?
También podrían tratar de imputar a la vicepresidenta y a los consejeros de Educación (por no haber impedido la apertura de los colegios electorales) y al de Interior, por no dar orden a los mossos d’esquadra de que identificaran a las personas que llevaron las urnas a los colegios.
7. Desde su punto de vista, ¿es posible que sean procesados?
Es posible, pero veo muy complicado que su conducta pueda encajar en alguno de los dos artículos mencionados.
8. ¿Y qué pasos adicionales tiene que dar este proceso?
La Fiscalía está estudiando si interponen o no la querella. Si finalmente sucede así, el juez instructor tiene que admitir a trámite esa querella. Eso ocurrirá si el juez entiende que hay indicios de delito. Si no los ve, no admitirá la denuncia. Si por el contrario entiende que sí hay indicios de delito, tendrá que citar a los querellados como imputados. Como se trata de personas aforadas, el procesamiento le corresponderá a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
9. Entiendo que este proceso largo. ¿Estamos hablando de meses o de años?
De años, por supuesto. Los procesos penales suelen ser muy largos. Si tenemos en cuenta, además, de que hay personas aforadas de por medio, es fácil prever que este proceso se alargará mucho. Además, los servicios jurídicos de la Generalitat son tan buenos como los del Gobierno.