La Guardia Civil ha desmantelado el referéndum del próximo 1 de octubre. Desde primera hora de este miércoles, se ha puesto en marcha una operación contra la consulta ilegal que ha dejado 14 altos cargos del Govern detenidos, 20 investigados y un total de 41 registros. Entre los arrestados está el número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, y otros dirigentes del gobierno de Cataluña. Todos ellos están acusados de malversación, prevaricación y desobediencia.
Las fuerzas de seguridad han entrado en la Conselleria de Economía de la Generalitat, principal punto de registro, además de investigar otras instituciones, empresas e inmuebles privados. Todo el operativo ha tenido como objetivo paralizar el proceso de votación del próximo 1 de octubre.
Según fuentes judiciales, la Guardia Civil ha requisado diez millones de papeletas en un polígono industrial, así como las tarjetas censales y formularios para formar las mesas de los colegios electorales. La noche antes ya se había retirado toda la información censal de la Generalitat.
Además, las fuerzas de seguridad también han incautado el plan B del Govern, que preveía seguir con el ‘procés’ en caso de que esta operación policial se pusiera en marcha. Se trata de un sistema informático en el que los ciudadanos se podrían registrar para votar en caso de que se requisasen los datos censales, tal y como ha ocurrido. Este habría servido para poner en marcha el recuento al finalizar la votación.
El Ministerio del Interior ha informado que se han suspendido los permisos para policías y guardias civiles con el objetivo de que se “garantice el cumplimiento de la decisión del TC sobre el referéndum ilegal en Cataluña”. Esta orden afectará a los agentes destinados allí o que estén en comisión de servicio entre los días 20 de septiembre y 5 de octubre. Queda abierta la posibilidad de ampliar ese plazo, según informa Interior.
«Estado de excepción» en Cataluña
A pesar de la operación, tras una reunión extraordinaria de todo el Govern, Carles Puigdemont ha comparecido ante los medios de comunicación para insistir en que el referéndum del próximo 1 de octubre se celebrará, y lo que ha calificado como un “Estado de excepción” en Cataluña. Desde la Generalitat han mostrado todo su apoyo a los detenidos en la operación de la Guardia Civil.
El Partido Popular ha insistido en que las actuaciones de la Generalitat van contra la ley de forma que el Estado «tiene el derecho y el deber de actuar en defensa del Estado de Derecho». Por su parte, Ciudadanos aplaude las decisiones judiciales y se posiciona al lado de la formación conservadora y del Gobierno.
En las antípodas se posiciona Podemos. Pablo Iglesias ha afirmado que «tiene el derecho y el deber de actuar en defensa del Estado de Derecho» en su entrada a la Cámara Baja. En este sentido, el líder del partido morado ha añadido que es «una vergüenza que deba haber presos políticos en lugar de afrontar democráticamente, con diálogo y sensatez un problema político».
Apoyo al 1-O en las calles
Más de 3.000 personas han cortado la Gran Vía de Barcelona donde se situal la sede de la Consejería de Economía, en la Rambla de Cataluña. Ante el departamento han acudido el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, así como eurodiputados y responsables políticos, como muestra de apoyo a los detenidos y para rechazar los registros de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil.
Los concentrados han mostrado como símbolo de protesta a la actuación policial claveles rojos y amarillos, algunos se han lanzado a la puerta donde estaban apostados agentes de la Guardia Civil y los Mossos d»Esquadra, un símbolo que ya se ha mostrado en anteriores registros de la Guardia Civil.
Han gritado consignas como: »Independencia», »Votaremos», »No tengo miedo», »Esto sí que es un golpe de Estado», »No pasarán», »¿Dónde está Europa» o »Huelga general». Además, han mostrado carteles y banderas independentistas, y han cantado canciones como »L»Estaca» y »Els segadors», himnos del movimiento nacionalista catalán.