El Gobierno vuelve a rechazar cambiar la Ley de Memoria Histórica. El Partido Socialista ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que el Estado asuma los costes de la localización, identificación y exhumación de los restos de más de 100.000 personas represaliadas por el franquismo y la Guerra Civil. Cuerpos que todavía están enterrados en cunetas y fosas comunes.
Este miércoles se terminaba el plazo para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se posicionara y se ha negado a las modificaciones. Desde el Gobierno tienen el amparo constitucional para vetar propuestas que alteren la política presupuestaría y calculan en que con todo los objetivos marcados en la propuesta socialista esto ocurrirá.
El Gobierno calcula que asumir el proceso le costaría 57,5 millones de euros pero no es el único El Estado también tendría que hacer frente a las indemnizaciones y permitir la creación de un Banco Nacional de ADN que implicaría un gasto de 214 millones de euros. Según el Ministerio de Justicia, la ley tiene «consignación presupuestaria suficiente». A ello se suman los análisis científicos de los restos, que el Instituto Toxicológico cifra en 600 euros por cada víctima, más los gastos para la obtención y análisis de las muestras de sus familiares.
La decisión del Gobierno llegará a la Mesa en la próxima semana y si lo acepta, que es lo que ha ocurrido durante toda la legislatura, quedará bloqueada. Desde el PSOE dudan del posicionamiento de Ciudadanos, pero afirman que «hacemos una llamada a Ciudadanos, no podemos acusar solo al PP».
Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva
“No es nada nuevo para nosotros” afirma el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, “explicita lo mismo que cuando no se hace nada. Es la misma política que lleva el Partido Popular desde el año 2011”. Aunque Silva agradece la postura de los socialistas, no duda en criticar que “era igual de justo hacerlo cuando el PSOE gobernaba y no se hizo. Hay que hacer estas cosas cuando se pueden hacer”.
La propuesta socialista no contempla todas las demandas de las víctimas pero sí muchas de ellas. Desde hace 17 años, la Asociación lleva asumiendo los costes de las exhumaciones y reconocimiento gracias a los voluntarios y las donaciones. “Es una cuestión de derechos humanos. No lo decimos nosotros, la ONU a través de dos informes también lo ha dejado claro” afirma Silva.
“Lo triste es que se han muerto familiares esperando. Estamos hablando de derechos humanos, el Estado los tiene que garantizar y no puede depender de quién ocupe la presidencia de Gobierno” insiste el presidente de la Asociación, que concluye: lo triste es ver un país democrático que tiene que discutir sobre si un ser humano tiene que estar enterrado en una cuneta”.
Posición del PSOE
El secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, ha acusado al Gobierno del Partido Popular de conservar el «ADN del franquismo» por vetar la tramitación parlamentaria de su reforma de la Ley de Memoria Histórica. Según el socialista, el PP no ha sido capaz de condenar la sublevación y la dictadura y permite, con su veto, que decenas de miles de víctimas continúen en fosas comunes.
«Están vendiendo los derechos humanos por un puñado de euros», ha criticado el dirigente socialista, que ha reprochado al Gobierno que sí tenga dinero para repatriar los restos de soldados de la División Azul una iniciativa que, en cualquier caso, Perelló respalda porque todo español tiene derecho a ser enterrado en su tierra.
Ante la actitud del Gobierno, el PSOE se ha dirigido a Ciudadanos para que, junto al PSOE, se oponga al veto en la Mesa del Congreso y permita la tramitación parlamentaria de su proposición de ley.