La situación política catalana sigue muy lejos de estar resuelta. El preacuerdo entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC de investir a Jordi Sànchez como president de la Generalitat cuenta cada día con más detractores. El consenso ni siquiera es total entre los suyos y es que a la CUP no le convence la estrategia de defensa de Sànchez, que declaró ante el Tribunal Supremo que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue simbólica, sin valor jurídico. La formación anticapitalista quiere avanzar «en la creación de las estructuras de Estado republicanas», mientras que JxCat y ERC no están por la labor.
No solo entre las filas independentistas, el Gobierno del PP ya ha advertido de que la intervención de la autonomía catalana se mantendrá si continúa la insistencia de investir al exlíder de la ANC, la organización soberanista. «Es un disparate cósmico», ha afirmado este martes Rafael Hernando, el portavoz de los populares, que ha pedido a los partidos independentistas «un candidato viable».
Una opinión similar tienen Ciudadanos, PSOE y Catalunya en Comú, aunque con matices. Para Albert Rivera, líder la formación naranja, Jordi Sànchez significa «seguir liándola en Cataluña». Los socialistas tampoco creen que sea un candidato viable, aunque la decisión final la tendrá Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo que investiga la causa contra el procés y que tendrá que dictaminar sentencia sobre si Sànchez puede o no salir de la cárcel de Estremera para ser investido.
Si se le permite ser investido, el choque con el Estado continuará, pero los independentistas habrán ganado una batalla. Si la respuesta es contraria, verán reforzado su argumento de «represión» y «violación de derechos fundamentales».
Un argumento a favor de Sànchez es que hay jurisprudencia en casos similares aunque distintos a este. En 1987, la justicia española dejó participar en un debate de investidura en Euskadi a Juan Carlos Yoldi, encarcelado por pertenencia a la banda terrorista ETA. De los partidos de la oposición, solo los comunes verían legítimo que el político preso se presentase a la investidura, precisamente acogiéndose al argumento de que en el País Vasco se sentó precedente con el caso Yoldi, exparlamentario de Herri Batasuna. No obstante, consideran que la idea es equivocada.
La estrategia independentista es llevar la situación al límite, pero esta vez sin saltarse la legalidad, conscientes de que el Estado no dudará en llevar a la justicia a quienes vuelvan a protagonizar acontecimientos como los de septiembre y octubre. «A quien perjudican es al prestigio de las instituciones catalanas y al propio autogobierno», ha afirmado Alejandro Fernández, diputado del PP catalán en el Parlament. «El Estado es muy fuerte, tiene una estructura muy sólida y estas provocaciones son cosquillas para el Estado», ha advertido Fernández.
«Lo que necesita Cataluña es un gobierno con urgencia y un candidato viable, y entendemos que esa opción de Jordi Sànchez, por su situación, evidentemente no lo es», ha sostenido Adriana Lastra, vicesecretaria general de los socialistas. Cierre de filas en torno al bloque (PP, PSOE, Ciudadanos) que apoyó el 155 para destituir al Govern y convocar elecciones anticipadas.
La apuesta por investir al exlíder soberanista proviene del espacio de JxCat más que de los republicanos, que prefieren a un candidato que no tenga cuentas pendientes con la justicia y dejar a un lado la vía de la confrontación con el Estado. La razón de la postura es el encarcelamiento de Oriol Junqueras. Si la situación no se normaliza y continúa el choque institucional, la situación jurídica del exvicepresident de la Generalitat podría empeorar.
Nuevas resoluciones en la cámara
Los neoconvergentes han presentado una resolución que cuestiona la aplicación del 155 y reclama la legitimidad de Carles Puigdemont. La iniciativa tiene un carácter simbólico, motivo por el que la CUP ha presentado enmiendas. ERC ha anunciado su apoyo, mientras que Catalunya en Comú solo lo hará en lo relativo a la aplicación del 155, no así en el apartado que concierne a Puigdemont.
El apoyo de los comunes al cuestionamiento del 155 acerca al grupo capitaneado por Xavier Domènech a ERC. Ambas formaciones podrían tender puentes con la nueva composición del Parlament si los republicanos aparcan definitivamente la vía unilateral. Una vía que quiere mantener la CUP para «materializar la República» y elevar el enfrentamiento con el Estado.
Para esta nueva legislatura se esperan nuevas alianzas y es que ni JxCat ni ERC quieren poner en riesgo a sus diputados y miembros de partido, de ahí que la resolución de Puigdemont, que acuerda una restitución, sea «simbólica», sin efectos jurídicos.
Quejas de PSOE y Ciudadanos
Por su parte, Ciudadanos ha presentado una propuesta de resolución en la que insta al president del Parlament, Roger Torrent, a desbloquear la situación y a utilizar las vías estatutarias y constitucionales para dirigir los debates de la Cámara.
Por otro lado, los socialistas promueven una resolución en la que proponen que el Parlament active ya el plazo de dos meses, al término del cual, si no se ha investido president, se convocarían elecciones. De momento, la investidura sigue en el aire.