El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley del Estatuto de la Víctima, que permitirá recurrir la libertad condicional del agresor, solicitar medidas de control para garantizar la seguridad del afectado o considerar a los hijos del progenitor fallecido o desaparecido como víctimas.
A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha dado luz verde a este proyecto de ley que constituye la ampliación de los derechos procesales y extraprocesales a todas las personas que sufran un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito y además considera víctimas también a sus familiares. Estos derechos podrán disfrutarse tanto si las víctimas están personadas en la causa penal como si no lo están.
La norma también permite comunicar a las víctimas cómo acceder a asesoramiento legal y darles toda la información necesaria en un «lenguaje comprensible» del proceso penal, como la fecha de celebración del juicio, la notificación de las sentencias o los sobreseimientos.
Además, obliga al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía y a las comunidades a dar cursos de formación «general y específica» sobre protección a víctimas a los jueces, secretarios judiciales, Fuerzas de Seguridad o médicos forenses.
Reducir el impacto psicológico en las víctimas
El Estatuto de la Víctima pretende que se encuentren «arropadas» durante todo el procedimiento y, para ello, permite que les acompañe la persona que designen cuando traten con las autoridades, sin perjuicio de que intervenga su abogado cuando sea procedente, salvo resolución motivada.
Las víctimas podrán pedir medidas de control para garantizar su seguridad cuando el agresor esté en libertad condicional y las de violencia de género serán informadas de la puesta en libertad del agresor sin que lo soliciten, salvo que manifiesten expresamente su deseo de no recibir una notificación sobre esta cuestión.
El proyecto aumenta las garantías para reducir la sensación de victimización durante el procedimiento. Para ello, se reducirán al máximo las declaraciones, se procurará que se hagan siempre con la misma persona con la que hable la víctima y que sea de su mismo sexo; mientras que durante el juicio se evitarán preguntas «innecesarias» y el contacto visual con el infractor.
Especial protección a menores
El texto dota de una especial protección a los menores y las personas con discapacidad. De este modo, ordena suprimir las declaraciones que no sean «imprescindibles» y grabar aquellas oportunas para reproducirlas en la vista oral. Además, tendrán un representante legal cuando exista un conflicto de intereses con los progenitores o representantes legales.
Una de las novedades es que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.
Este proyecto, que incorpora tres directivas europeas, fue presentado el pasado martes por Gallardón, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a colectivos de víctimas de terrorismo, violencia de género o el vuelo de JK5022 de Spanair, que se estrelló en Barajas el 20 de agosto de 2008.