«He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana. De momento, dos, y ninguno ha sido condenado. El señor [Francisco] Granados, que ya saben dónde está, y el señor [Alberto] López Viejo», fueron palabras de Esperanza Aguirre en su comparecencia en la comisión especial sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, el 12 de febrero de 2016.
Aguirre era concejal del Ayuntamiento de Madrid en aquel momento, cargo que abandonó tras el ingreso en prisión de Ignacio González, su mano derecha, por su implicación en el caso de los presuntos desvíos de fondos públicos en la Operación Lezo, vinculadas al Canal de Isabel II.
Dos años exactos después de aquello, las ranas siguen chapoteando en su particular ciénaga de corrupción, a medida que la investigación judicial da a conocer nuevos detalles de aquellos y otros casos. Francisco Granados, aquel que Esperanza Aguirre dijo que le «salió rana», ha amenazado con «tirar de la manta» e implicar a Aguirre (su jefa y expresidenta de la comunidad madrileña), en la trama Púnica: En su declaración, Granados insistió en que Aguirre era quien «lo supervisaba todo». También ha señalado a Ignacio González, sucesor de la expresidenta en la comunidad.
El exsecretario general del PP en Madrid ha prestado declaración a petición propia ante Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional e instructor de la causa que investiga la trama Púnica. Granados, que salió de prisión el pasado mes de junio, quiere demostrar que «la Púnica no es él», así como señalar a todos aquellos que, presuntamente, serían los verderos responsables.
Los nuevos detalles aportados por Granados también han salpicado a otros cargos públicos regionales. Y es que Granados no solo ha señalado a Ignacio González y Esperanza Aguirre, también a Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Todos ellos serían responsables de la presunta financiación irregular de las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y de las elecciones generales de 2008.
En el caso de Cifuentes, fue secretaria de Política Territorial del PP durante 2004 y 2008 y responsable de movilización de campaña en las autonómicas de 2007 y tuvo “poder decisorio” en la caja b por una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González, quien fuera director de campaña de Madrid en esas elecciones, según afirman fuentes presentes en la declaración. Hay documentos que demostrarían estas afirmaciones y que explicarían cómo y por orden de quién se financiaron esas elecciones de forma ilegal, que, según la versión de Granados, tienen a Aguirre y González como máximos responsables.
Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid; Lucía Figar, exconsejera de Educación; Gador Óngil, antigua responsable de Servicios Sociales; José Ignacio Echeverría, expresidente de la Asamblea de Madrid y Carlos Izquierdo, actual consejero de Políticas Sociales y Familia son otros de los nombres señalados, así como los exconsejeros Jaime González Taboada, Mariano Zabía, Beatriz Elorriaga e Isabel Mariño, y el exviceconsejero Manuel Beltrán.
Los investigadores desvelaron detalles del uso de la caja B de los populares en Madrid, que llegó a acumular hasta 1,5 millones de euros solo durante 2011, que acreditan el manejo de fondos de procedencia oculta para abonar facturas por los servicios prestados.
Por ello tendrá un papel clave la agenda que la UCO incautó a Granados y que la Policía Judicial interpreta como prueba de los presuntos pagos irregulares, cuyas cifras alcanzarían los dos millones de euros entre 2011 y 2014. En el documento aparecen las iniciales JLM, que según la UCO podrían corresponder a Javier López Madrid, «compi yogui» de la reina Letizia, exconsejero de OHL y ahora consejero delegado del Grupo Villar Mir.