El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha comunicado hoy al Gobierno sudimisión del cargo que ocupa desde hace tres años. Según ha informado Fiscalía general del Estado, la renuncia se debe a » razones personales».
En un comunicado, la Fiscalía ha explicado que Torres-Dulce ha trasladado su decisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá y que regresará a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. También ha comunicado su decisión al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, así como a la Casa del Rey.
Es el segundo fiscal nombrado por un Gobierno del PP que dimite. El primero fue Juan Ortiz, durante la presidencia de José María Aznar. El hasta ahora fiscal general del Estado ha sido especialmente crítico con el Gobierno por la falta de inversión de recursos en justicia y también ha mostrado su oposición a la reforma del Código Procesal Penal.
Firme defensor de la autonomía judicial
No ha pasado un mes de las palabras que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, vertía sobre la capacidad del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. «Autonomía, capacidad y calidad», estos eran los términos con los que calificaba el ministro el trabajo desarrollado por el Fiscal General de Estado.
Sobre los rumores que desde hace meses señalaban la incomodidad manifiesta de Torres-Dulce con el Gobierno y algunas de sus actuaciones, el ministro señalaba: “no sabría decirles, no tengo ninguna información en ese sentido. El fiscal general del Estado ejerce sus funciones con capacidad y con calidad, y así lo está haciendo habitualmente”.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro de Justicia recordó que tanto el fiscal general del Estado como los fiscales jefes de cada uno de los tribunales superiores tienen «autonomía y capacidad jerárquica» para tomar sus propias decisiones.