El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para conocer la situación del periodista sueco-turco Hamza Yalçin, encarcelado en España y acusado por Turquía de dirigir desde el extranjero un grupo terrorista que, según su abogado, no existe como tal.
El pasado 3 de agosto, el periodista, de 59 años y residente en Suecia, fue detenido en el Aeropuerto de Barcelona en cumplimiento de una orden de detención de Interpol que cursó Turquía.
«En la orden de detención se le acusa de haber dirigido un supuesto grupo terrorista desde el extranjero, pero no hay ningún grupo terrorista en Turquía que responda a esas siglas», ha declarado a Efe el abogado del periodista, David Aranda.
A Yalçin, que vive en Suecia desde 1984 y no ha vuelto a Turquía desde 1998, se le acusa de tener vínculos terroristas con el grupo ilegal de extrema izquierda Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C).
«Nadie en Turquía reivindica actividades terroristas bajo esas siglas. El Gobierno lo utiliza para encarcelar a gente de la oposición», continúa Aranda.
«Lo que está haciendo el Estado turco para acallar toda voz crítica y a toda la oposición a Erdogan es utilizar falsamente cargos de terrorismo. La voz de Hamza es un problema por haber criticado a Erdogan desde el extranjero», argumenta el abogado.
Tras su detención en Barcelona, la Audiencia Nacional, tribunal encargado de deliberar sobre las órdenes de extradición, dictó prisión provisional para el periodista tras negarse a ser entregado a las autoridades turcas.
Su abogado ha presentado un recurso de apelación solicitando libertad condicional, de manera que se sustituya la cárcel por una residencia obligatoria o por la comparecencia ante la Embajada de España en Suecia.
Turquía tiene de plazo hasta el 11 de septiembre para presentar una demanda de extradición, y entonces la Audiencia Nacional decidirá en una vista si atiende la petición de extradición.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto hoy una actuación de oficio para conocer la situación del proceso judicial y ha mostrado su «preocupación» por la situación de Yalçin, «dado que la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos fue suspendida hace más de un año por el Estado turco».
«Son de público conocimiento las detenciones masivas de miles de personas en los últimos meses y, específicamente, las medidas represivas adoptadas contra periodistas» en Turquía, ha advertido el Defensor en un escrito publicado en la página web de la institución.
En una carta remitida a la Secretaría de Estado de Justicia, Fernández Marugán ha solicitado conocer en qué estado se encuentra el procedimiento judicial de extradición de Yalçin, así como la posición del Ministerio de Justicia sobre el caso.
Además, advierte de que, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España no podrá extraditar al periodista a Turquía sin el acuerdo de Suecia, país cuya nacionalidad también ostenta el periodista.
En opinión de Zafer Ballikaya, un amigo de Yalçin que se encontraba con él en Barcelona cuando fue detenido, «lo único que ha hecho Hamza ha sido escribir contra el poder de Gullin y de Erdogan, contra la corrupción».
«No creo que la justicia española lo vaya a extraditar. Los jueces españoles van a ver que Hamza no es ningún terrorista. Sí se opone a la dictadura en Turquía. Todos los escritores y periodistas que critican a Erdogan son acusados de terrorismo (…) Espero que España no haga de marioneta de Turquía por intereses económicos o comerciales», desea Ballikaya.
El amigo de Yalçin cuenta que lo primero que éste pidió al entrar en prisión fue que le llevaran libros, porque «no consigue estar sin leer y escribir».
El abogado del periodista detenido ha sostenido que éste se encuentra «bien y animado» y que está afrontando la situación «de una manera estoica».
«Está muy contento de que organizaciones tanto catalanas como españolas de periodistas, Amnistía Internacional, muchas ONG, colectivos de abogados y de defensa de derechos humanos estén volcados con él. Su familia y amigos están muy contentos del apoyo que están recibiendo», ha destacado Aranda.
Entre otros, han pedido la liberación de Yalçin las Juventudes Socialistas de España, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, el Ayuntamiento de Barcelona, el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y Reporteros sin Fronteras.
Desde que se decretó el estado de emergencia en Turquía hace un año -y se suspendió la Convención Europea de los Derechos Humanos-, se han cerrado 170 medios de comunicación y en la actualidad hay 164 periodistas detenidos. Ayer, la Policía de Estambul lanzó una operación para detener a otros 35 periodistas acusados de golpismo.