Sábado 08/12/2018.

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DISCAPACIDAD. MONTSERRAT PIDE A LAS COMUNIDADES QUE INVIERTAN EL AUMENTO PRESUPUESTARIO EN “MEJORAS EN ACCESIBILIDAD”

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, destacó este martes que, si se aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno incrementará la partida destinada para ayuntamientos y comunidades en 4.248 millones, “dotándolas de presupuesto necesario para ejercer en sus competencias mejoras en la accesibilidad”.

Lo dijo durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, tras ser preguntada por la senadora del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Virginia Felipe sobre “cómo piensa el Gobierno cumplir las condiciones de accesibilidad y no discriminación si veta la creación de un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal”.
“Hemos incrementado la financiación autonómica a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas en 4.248 millones, dotándolas de presupuesto necesario para ejercer en sus competencias mejoras en la accesibilidad”, remarcó la ministra, que hizo hincapié en que es “responsabilidad” de todos. En este sentido, se mostró confiada en que “juntos continuaremos derribando las barreras visibles e invisibles” y “mejorando la accesibilidad”.
Por otro lado, argumentó que “la herramienta más poderosa” para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad “es el empleo” y celebró que “gracias a las políticas del Gobierno, más de 1,2 millones de personas con discapacidad pudieron firmar un contrato de trabajo entre 2012 y 2016”.
Además, enumeró una serie de iniciativas en favor de las personas con discapacidad ya anunciadas por el Gobierno como por ejemplo, destinar las ‘cuentas durmientes’, aquellas que están constituidas por cuentas corrientes y otros depósitos bancarios abandonados por más de 20 años, “a la formación educativa y profesional de los jóvenes con discapacidad”.
“LA ACCESIBILIDAD NO ES UN GASTO”
Por su parte, Felipe criticó que “ni el coste ni las medidas de austeridad pueden ser argumentos” para no llevar a cabo las reformas necesarias para alcanzar la accesibilidad universal, puesto que “la accesibilidad no es un gasto”, sino que “es la mejor inversión de un verdadero Estado social y democrático de derecho que no deja a nadie atrás”.
Finalmente, remarcó que “una sociedad plena es una sociedad mejor para todas las personas” y añadió que “los millones de personas con discapacidad y nuestras familias instamos al Gobierno a que haga reales y efectivos los derechos humanos de todas las personas”.

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