En un comunicado, la organización recuerda que estos sindicalistas se enfrentan a 66 años de cárcel por convocar y participar en la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
La Cumbre Social cree que las actuación del Ministerio Fiscal constituye un atropello a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y únicamente pretende «amedrentar al movimiento sindical e impedir el libre ejercicio del derecho a huelga».
«En realidad, es este derecho el que se sentará en el banquillo para vergüenza de la democracia española», añade el comunicado, para denunciar a renglón seguido «los intentos del Gobierno, ahora en funciones, de acorralar al movimiento sindical, para convertir el conflicto social en un conflicto de orden público».
«Si el derecho de huelga se cuestiona y se incrementa el poder coercitivo del Estado para atajar el conflicto social, la democracia estará en peligro», sentencia.