El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha desestimado la petición del sindicato Manos Limpias de retirar el pasaporte al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al no constatar circunstancias de las que pueda inferirse un riesgo de fuga por parte del imputado, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press. Castro ha argumentado que si Urdanagrin hubiera querido fugarse «no le hubiera resultado muy difícil dada su economía y los contactos en muy diversos lugares del mundo; y sin embargo hasta ahora no lo ha hecho«.
Así lo ha acordado el magistrado en un auto dictado este jueves, después de que la Fiscalía ya se opusiera a la solicitud de la acusación popular. El fiscal Pedro Horrach aseveró en su escrito que en estos casi tres años de instrucción no se ha apreciado un riesgo de sustracción de la justicia al tiempo que el duque ha acudido a los llamamientos judiciales en los que ha sido requerido.
En su escrito, el fiscal alegaba asimismo que el arraigo personal, familiar y social de Urdangarin es «notorio», al tiempo que recalcaba que no ha presentado ante el Juzgado notificación alguna de cambio de domicilio por parte del marido de la Infanta Cristina. Finalmente, Horrach aseveraba que Urdangarin tiene asignada de forma permanente escolta policial, lo que supone «un plus de garantía» ante la probabilidad de que eluda la actuación judicial.
En su petición de retirada de pasaporte, Manos Limpias auguraba que el Duque podría «ocultar» sus verdaderos domicilios para «imposibilitar su localización» en caso de que finalmente se trasladase a Qatar como segundo entrenador de la Selección nacional de balonmano. Un hecho que para la entidad no supone «un riesgo de fuga, sino una fuga en sí misma».
La acusación popular solicitaba como medida cautelar la retirada del pasaporte de Urdangarin o, de forma alternativa, la comparecencia semanal del duque ante el Consulado de Qatar en Doha.
Urdangarin prestó declaración ante Castro en febrero de 2012 y el mismo mes de este año.
El juez también ha destacado el arraigo familiar de Urdangarin en España para desestimar retirarle el pasaporte, una medida cautelar que se dicta para evitar el riesgo de fuga. En estos momentos, la única obligación legal del duque de Palma es informar acerca de su lugar de residencia.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares (que ejerce la acusación particular) se habían opuesto a la retirada del pasaporte en sendos escritos. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach se opuso porque no aprecia que exista riesgo de sustracción a la acción de la justicia ni de obstaculizaciones a la investigación.
Horrach destacó en su escrito que Urdangarin ha acudido hasta el momento a todos los llamamientos judiciales cuando ha sido citado, así como el arraigo personal, familiar y social del yerno del Rey. El fiscal llamó también la atención sobre el hecho de que Urdangarin tiene asignada una escolta policial permanente lo que supone «un plus de garantía» ante una hipotética huida.
Un alcalde del PSOE de un pueblo de Cáceres pone sueldo a dos concejales suyos en paro
El alcalde del pequeño municipio cacereño de Saucedilla, el socialista Urbano García, ha decidido poner un sueldo fijo mensual a dos concejales de su equipo, debido a que están en paro. Dice que se plantea hacer lo mismo con los tres ediles del resto de partidos si perdieran su trabajo. La oposición critica que «no tendrán horario» ni mucho trabajo que hacer.
Los dos nuevos concejales con sueldo son el responsable de Medio Ambiente, Iñaki Campos, y el de Festejos y Deportes, Miguel Ángel García, que cobrarán unos 1.700 euros brutos mensuales. De este modo, se suman al alcalde y al teniente de alcalde, Luis Fernando Pesado, que cobran desde el principio de la legislatura 3.000 y 1.800 euros brutos mensuales.
Todo ello en un municipio que no llega a los 1.000 habitantes y en el que los ediles sin dedicación exclusiva cobran 300 euros por asistencia a pleno, casi tres veces más que los del municipio cabecera de la comarca, Navalmoral de la Mata, que tiene 17.000 habitantes.
«No libero a los concejales por liberar», ha señalado García, que ha explicado que con los casi 4 millones de euros anuales que recibirá la población a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la Central Nuclear de Almaraz, tras sentencia judicial, conseguirá el «pleno empleo» en Saucedilla.
En este sentido, ha señalado que como no se puede contratar a los concejales por la vía por la que se va a contratar al resto de los vecinos del pueblo, ha optado por esa fórmula. De este modo, «liberará» a Campos y García, ambos del PSOE, porque los dos se encuentran en situación de desempleo y hará lo mismo con los tres ediles de la oposición en caso de que pierdan sus actuales trabajos, según ha adelantado.
«Vamos a contratar a 90 personas, una persona por familia desempleada, y los concejales tienen el mismo derecho a trabajar que el resto de los vecinos», ha afirmado.
Uno de los dos partidos de la oposición, Saucedilla Independiente, ha criticado la decisión en su blog y ha asegurado que los dos concejales que tendrán dedicación exclusiva «no tendrán horario, ni obligación de comparecer en su lugar de trabajo, porque tampoco lo tendrán».