En enero, la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó en su informe »Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004» numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros (48,8) sin «justificación alguna» a la ya extinguida Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (FAFFE).
El informe también señalaba que fueron eximidas de la adjudicación por concurrencia competitiva de estos cursos el CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), CCOO-A y UGT-A. “Entre 2009 y 2010 no se empleó este procedimiento en el 89% (276 millones de euros) y 36% (165 millones de euros) de las ayudas concedidas a la FAFFE,”, señalaba el documento.
Las subvenciones otorgadas a estos agentes fueron abonadas sin necesidad de justificación previa a través de convenios de colaboración.
Asimismo, la Cámara expuso cómo la Administración Andaluza entregó becas por asistencia y compensación de gastos de transporte de entre 15 y 20 euros al día a los trabajadores. Becas que, según las órdenes reguladoras de la FAFFE,, solo se prevén para personas discapacitadas y otros colectivos con especiales dificultades de inserción, y que en cuyo caso se sitúan entre los 4,2 y 4,35 euros al día o 13,5, “en el mejor de los casos”.
Además, tan solo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conducían a la obtención de certificados de profesionalidad y en la mayoría de los no se habían iniciado aún o estaban sin acabar.
El informe ponía en entredicho las subvenciones concedidas a UGT y CCOO en infraestructuras para la formación, así como argumentaba que la SAE no disponía de un plan de seguimiento y programación para valorar la efectividad y calidad de estos cursos.
La Cámara analizó en aquel momento una muestra de 78 expedientes por importe de 279,5 millones de euros, representativa del 37 % del importe total concedido en 2009 y 2010.