Lunes 05/12/2016.

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EL CONGRESO PIDE, PESE AL RECHAZO DEL PP, PROHIBIR QUE SE RECALIFIQUEN MONTES INCENDIADOS

El Congreso de los Diputados instó este miércoles al Gobierno, con los votos en contra del PP, a modificar la reforma de la Ley de Montes de 2015 para que no pueda cambiarse el uso del suelo calcinado en un periodo de 30 años posterior a un incendio forestal con el fin de que los terrenos quemados no puedan recalificarse en ese tiempo.
Esta ley, que el próximo 21 de octubre cumplirá un año en vigor, contó con el único respaldo del PP en el Parlamento y permite a las comunidades autónomas el cambio de uso de un monte incendiado cuando concurran “razones imperiosas de interés público de primer orden”. Durante su tramitación parlamentaria concitó el rechazo de agentes forestales, sindicalistas, ecologistas y los partidos de la oposición.
Las críticas se centraban en que el texto abría la puerta a la recalificación de terrenos quemados antes de 30 años y a que supeditaba el trabajo de los agentes forestales sobre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, singularmente los agentes del Seprona, lo que suponía la “privatización encubierta” de la vigilancia de los montes.
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó hoy una proposición no de ley presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que solicita cambiar el artículo 50.1 de la actual Ley de Montes para que en ningún caso pueda cambiarse el uso del suelo incendiado hasta 30 años después del fuego, la cual contó con 21 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
Alexandra Fernández, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, indicó que esa norma fue “una de las leyes medioambientales más polémicas” de la anterior legislatura y la calificó de “innecesaria” porque “no existía demanda social y política” para cambiar la Ley de Montes de 2006.
Fernández señaló que la modificación del artículo 50.1 es “ambigua, inconcreta e indeterminada” porque “abre la puerta a la arbitrariedad, la desprotección del medio ambiental e incluso a que se favorezcan incendios intencionados” con el fin de “jugar a la especulación urbanística”.
“BLINDAR” LOS MONTES
Por su parte, Rocío de Frutos, del PSOE, consideró que cambiar este artículo serviría para “evitar abusos”, la “especulación” y “prevenir incendios”. “Es necesario acabar con cualquier medida que haga pensar en el monte quemado como una fuente de negocio”, apuntó.
Toni Cantó, de Ciudadanos, destacó que España es el tercer país de la UE con mayor área forestal, tras Suecia y Finlandia, y abogó por “pasar de una cultura exclusivamente de la extinción a una cultura de la prevención” de incendios forestales, al tiempo que sugirió que la Ley de Montes se cambió para “otorgar permisos de urbanización en lugares que han sido devastados por el fuego”.
Enric Bataller, del Grupo Mixto y perteneciente a Compromís, indicó que los incendios forestales son “un problema gravísimo” cuyo origen “muchas veces entronca con la presión urbanística depredadora que se está haciendo fuerte en todos los parajes de nuestro territorio, especialmente en la costa”, por lo que abogó por “blindar los terrenos quemados contra la especulación urbanística”.
Por su parte, la portavoz del PP, María Teresa de Lara, defendió el rechazo de su grupo a una iniciativa que “carece de base legal, es demagógica y sectaria, y no se ajusta a la realidad”, puesto que, según apuntó, la reforma de la Ley de Montes “prohíbe el cambio de uso forestal en terrenos incendiados durante 30 años” con la excepción de que puedan permitirse “actuaciones de interés general” como “la construcción de una carrera, una depuradora o una vía del AVE”, y son las comunidades autónomas las que así lo permitan.

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