Lunes 27/11/2017.

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Bruselas anima a las víctimas de bebés robados en España a acudir al Tribunal de DDHH de Estrasburgo

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara pide al Gobierno una investigación penal de los casos y garantizar el acceso a archivos

La Comisión Europea ha insistido en que no es competente para intervenir en el caso de los bebés robados en España desde la década de los años 60 y ha animado a las víctimas a denunciar al país ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Estrasburgo tras admitir "irregularidades" cometidas en la investigación a nivel nacional de los casos.

"A la Comisión le gustaría dejar claro a los peticionarios que aunque no tenga competencia para intervenir en sus casos ello no significa que no haya habido un caso claro de irregularidades en la investigación de sus casos y ello no significa que no haya habido una infracción en materia de Derechos Humanos", ha explicado la representante del Ejecutivo comunitario Christel Mercadé, durante un debate sobre los casos de los bebés robados con varias víctimas en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que estudia las denuncias ciudadanas.

Desde el Ejecutivo comunitario se ha recordado que "las autoridades nacionales españolas tienen compromisos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos" y si las víctimas "cree que dichos compromisos no han sido respetados, tienen todo el derecho a acudir al sistema de protección de Derechos Humanos en Estrasburgo y denunciar a las autoridades españolas en base a la Convención Europea de Derechos Humanos".

A pesar de reconocer "la gravedad" de las denuncias de lo que el Ejecutivo comunitario considera que "son claras víctimas de crímenes contra los Derecho Humanos" que merecen "toda la compasión posible" ha afeado que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara mantengan abiertos los casos pese a que Bruselas ya dejó claro cuando se recibió la primera denuncia en 2012 que no era competente para intervenir en los casos de niños robados en España, creando "una serie de expectativas". "No es justo", ha criticado.

"Desgraciadamente, a día de hoy, la Comisión Europea no puede intervenir", ha incidido la representante del Ejecutivo comunitario, que ha insistido en que "no existe hoy en día un vínculo con la aplicación del derecho europeo" y por tanto no puede "actuar en estos casos".

Así, la responsable comunitaria ha recordado que las disposiciones de la Carta de Derechos Humanos Europea sólo es aplicable cuando "existe una infracción de la aplicación del derecho de la Unión por parte de los Estados miembro" y ya dejó claro en 2012 que las "irregularidades en las adopciones" en los Estados miembros se limitan al ámbito de aplicación del Derecho civil y del Derecho de familia, "que a día de hoy no se regula en ninguno de los instrumentos que existen en la Unión Europea".

El Ejecutivo comunitario también ha justificado que no puede intervenir porque "los casos alegados" son de fechas anteriores al 2013 cuando España estaba obligada a transponer la Directiva europea sobre tráfico de seres humanos y por ello "concierne a las autoridades nacionales la investigación y persecución de dichos casos".

NO EXISTE PARARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS

Una de las víctimas, Ana Cueto, ha denunciado en la Eurocámara que "no existe reparación" para el "mayor dolor" al que se enfrentan las víctimas de bebés robados. "Nadie puede devolvernos a nuestros hijos", ha lamentado, al tiempo que ha avisado que "estos delitos no pertenecen sólo a nuestro pasado político". "Nuestra denuncia compete plenamente a este Parlamento", ha apostillado, para justificar su apoyo.

La presidenta de la asociación de madres de bebés robados en Andalucía, María Bueno, que también busca a su hija, ha enviado un mensaje escrito que ha leído Cueto en el que pide el apoyo de la Eurocámara que exigir en España una investigación "real" de sus casos y ayuda para buscar a sus hijos tras renunciar que en España sus causas se archivan de forma "sistemática", al tiempo que ha denunciado que los "carniceros parteros" eran "una trama sistemática" en toda España que ha afectado a "miles de madres" en toda la geografía española.

El 95% de las 1.800 denuncias han sido archivadas y el 5 por ciento restante se archivaran en breve, ha denunciado por su parte Francisco González Tena, otro de los peticionarios, que ha advertido que "Europa no puede mirar para otro lado, porque entonces se convertiría en cómplice".

También ha expuesto su caso la británica, Ruth Appleby, quien dio a luz a un bebé en A Coruña que falleció a las pocas horas de nacer según le dijeron los médicos, ha denunciado que Interpol cerró la investigación en apenas tres semanas y nadie ha comprobado la "validez" del informe de la autopsia del hospital. "¿Por qué es tan difícil para las autoridades probar que mi bebé ha muerto?", se ha preguntado. "Yo no he perdido a mi bebé, me han quitado a mi bebé", ha recalcado, al tiempo que ha avisado de que "muchas de las personas que tienen las respuestas están envejeciendo". "Cuando ya no estén aquí las respuestas se habrán perdido", ha lamentado.

La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, ha anunciado que enviarán una carta al Gobierno español "instándole a que tome las medidas futuras para que esta cuestión se someta a una investigación penal, incluyendo que se dé acceso a los archivos pertinentes hospitalarios, policiales, eclesiásticos*" tras recordar que quedan 600 expedientes de niños robados abiertos y mantendrán el caso abierto, además de referirlo al grupo de trabajo sobre los derechos de los menores creada este mismo jueves.

C's e IU PIDEN CARTA AL VATICANO

No obstante, ha manifestado "dudas" sobre la conveniencia de enviar una carta al Vaticano, tal y como ha pedido el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart, para pedirle que abra sus archivos a las víctimas, y ha propuesto dejar el asunto entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal española tras recordar que la Eurocámara "es neutral" desde el punto de vista religioso. La eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, también ha apoyado envirar la carta al Vaticano.

La eurodiputada socialista, Soledad Cabezón, ha insistido en involucrar a la Comisión en el caso porque en su opinión sí es competente para determinar si se está garantizando su derecho a la tutela judicial y a la información que requieren las víctimas.

Por su parte, la eurodiputada del PP Rosa Estaràs, ha reconocido que "son demasiados casos" de menores robados entre los años 60 y 90 en España, casos que "no son fruto de la coincidencia" y no ha dudado en calificar de "salvajadas" para justificar mantener la petición abierta. Pero ha defendido la actuación de los Gobiernos, tanto del PSOE como del PP, en este caso, si bien ha concedido que "probablemente" no ha sido "suficiente".

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