El caso Mercasevilla que instruye la juez Mercedes Alaya, magistrada que dirige también la investigación del caso de los ERE, no cesa de procurar novedades. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, ha corregido el error cometido este lunes, cuando citó a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fallecido hace años, y en su lugar ha llamado a declarar a dos hermanos de la ministra.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada ha notificado este martes a las partes un auto en el que rectifica el error cometido en su anterior resolución y cita a declarar como imputados este viernes, a partir de las 15,00 horas, a Juan Nicolás y Eduardo Báñez García, hermanos de la ministra de Empleo vinculados a la empresa Construcciones Juan de Robles que presentaron una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.
Para el próximo viernes, la magistrada ha citado a declarar también en calidad de imputados a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.
También han sido citados a declarar como imputados, por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar -empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007-, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor »Sanma Desarrollos Urbanísticos», filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.
Creación precio artificial
En el auto inicial conocido este lunes, la juez considera que, «de los indicios» expuestos a lo largo del procedimiento, «puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma».
A juicio de la instructora, las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, «constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes» en el concurso.
En el mismo auto, la juez reclama al Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el resultado de la investigación ordenada sobre el posible enriquecimiento ilícito del exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, también imputado en esta causa.
Investigación de la Guardia Civil
Estas citaciones se producen después de que, en febrero del presente año, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil elevara un atestado al Juzgado en el que advertía de la existencia de «vinculaciones» entre la mayoría de las ocho empresas que concurrieron al concurso público para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.
Fue el día 12 de junio de 2012 cuando la juez Mercedes Alaya requirió al Instituto Armado para que informara sobre las relaciones societarias entre las distintas empresas que participaron en el concurso público, ya que sospechaba que el concurso público estaba «predeterminado» para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a Sanma.
De otro lado, la juez ha citado para este jueves como imputado a Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, y, en calidad de testigo, al presidente de la federación de empresarios mayoristas del mercado central de abastos, José María Morillo.
En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, o el propio Castaño.
Blanco se enfrenta a un posible delito penado con 6 meses a dos años de cárcel
El instructor del Caso Campeón en el Supremo, José Ramón Soriano, ha formalizado su petición de suplicatorio para actuar contra el exministro socialista José Blanco, quien se enfrenta a ser juzgado por un delito de tráfico de influencias, penado con seis meses a dos años de cárcel.
La pena se podría imponer con mayor o menor gravedad en función de si el resultado de la «fuerte presión» ejercida por Blanco sobre el alcalde de Sant Boi en favor de un amigo, fuera o no el perseguido y fuera o no legítimo, apunta el instructor en un escrito conocido hoy.
José Ramón Soriano, el magistrado que instruye el Caso Campeón en el Supremo, ha dictado hoy el auto en el que formaliza su petición a la Sala de lo Penal del Supremo para que tramite el suplicatorio al Congreso y poder actuar así contra el exministro socialista José Blanco por tráfico de influencias.
Ahora el exministro recurrirá ante la Sala en contra de esta decisión, aunque lo que habitualmente sucede es que el tribunal no desautoriza al juez instructor.
Así, si no acepta el Supremo el recurso de Blanco, una vez el Congreso conceda el suplicatorio, Soriano dictará auto de transformación del procedimiento en abreviado, lo que supondrá elevar a la Sala el caso para abrir juicio oral contra el inculpado, quien podría ser absuelto o no.
En otras palabras, en ese juicio se demostrará o no si Blanco, que era ministro de Fomento cuando sucedieron los hechos, pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias.
La prima del Rey reconoce que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
La empresaria María Ilia García Sáez de Borbón Dos Sicilias, prima lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido hoy en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, recibió dinero de la trama mafiosa liderada por el empresario chino Gao Ping.
El instructor del ‘caso Emperador’ sostiene que la red mafiosa entregaba este dinero en efectivo a Borbón Dos Sicilias Lubomirska para que ella, a su vez, transfiriera la misma cantidad desde un banco de Suiza a las cuentas de la trama en China. La organización de Gao Ping conseguía de esta forma sacar de España el dinero negro que obtenía de sus actividades delictivas.
María Ilia García Sáez de Borbón Dos Sicilias, en la declaración de cerca de media hora que ha prestado esta mañana en calidad de imputada ante el juez Andreu, ha reconocido que se encargó personalmente en dos ocasiones de recibir el dinero de la red, que le fue entregado en su domicilio de La Moraleja (Madrid) por Malka Mamman Levi, la presunta líder de la denominada ‘trama hebrea’, con la que la organización de Gao Ping blanqueaba el dinero. La imputada ha relatado a modo de ejemplo que, en noviembre de 2011, Levi le entregó en efectivo un total de 20.000 euros, según señalaron fuentes jurídicas.