Viernes 24/11/2017.

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LAS AUTOESCUELAS PROPONEN A LA DGT QUE EL SERVICIO DE EXÁMENES PRÁCTICOS SEA PÚBLICO-PRIVADO

- Como solución a la huelga de examinadores. La Confederación Nacional de Autoescuelas ( CNAE ) propuso este viernes que la Dirección General de Tráfico (DGT) cambie el modelo de gestión de los exámenes para sacarse el carné de conducir, de manera que los examinadores no sean sólo funcionarios y se abra el abanico a empresas privadas.
La patronal de las autoescuelas lanzó esta propuesta en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se reunió su Junta Directiva con el fin de abordar el futuro del sector y de analizar la huelga que la mayoría de los examinadores de tráfico mantienen de lunes a miércoles desde junio, con la excepción de agosto, y que prevén alargar en diciembre.
El presidente de la CNAE , José Miguel Báez, declaró a Servimedia que “ya toca cambiar el modelo de gestión del servicio de exámenes” a la luz de la huelga de los examinadores de tráfico, que dura ya más de cinco meses.
Báez indicó que las autoescuelas y los alumnos no pueden estar “al albur de que los funcionarios públicos den un servicio cuando pueden o cuando tienen capacidad para hacerlo”. “Desgraciadamente, hay muchas provincias en España donde el servicio es malo, no hay suficientes funcionarios y no es sólo ya un problema de la huelga, que ya es grave de por sí porque llevamos desde junio con ella, sino después de la huelga”, añadió.
Subrayó que hacen falta 200 examinadores de tráfico más, cuando la DGT prevé que el próximo verano haya 122 nuevos funcionarios, si bien la plantilla aumentaría sólo en torno a un centenar si se descuentan las jubilaciones previstas para entonces. “Seguimos con escasez de examinadores de cara al futuro”, apostilló.
Báez propuso que se cambie el actual modelo del servicio de los exámenes para obtener el carné de conducir. “Que se mire hacia Europa, como Portugal, donde hay un servicio público y un servicio privado, o que se mire hara Alemania y otros países, donde lo resuelven empresas privadas, por supuesto supervisadas por la Administración Pública”, comentó.
Indicó que este cambio de modelo “no debe ser nada que alarme”, puesto que en España conviven lo público y lo privado en áreas como la sanidad y la educación, e incluso los aeropuertos, donde la seguridad corre a cargo de la Guardia Civil y de empresas privadas.
“Esto nos daría a todos la tranquilidad de que podamos examinarnos cuando nos encontremos preparados para ir al examen y no tener que pasar por las penalidades que se está pasando en estos momentos. Hay personas que están tardando entre tres y cuatro meses para poder examinarse”, apuntó.
RESUMEN DE LA HUELGA
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2015, cuando la DGT y el comité de huelga de los examinadores de tráfico firmaron un acuerdo después de que este colectivo de funcionarios mantuviera 32 jornadas de paros en demanda de una mejora de sus condiciones laborales.
Precisamente, entre esas reivindicaciones estaba garantizar que los exámenes de conducir sean un servicio público, algo a lo que se ha comprometido la DGT en varias comparecencias públicas de su director general, Gregorio Serrano.
Los examinadores retomaron las movilizaciones el pasado 2 de junio, con una concentración ante la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, en demanda de una subida de sueldo de 250 euros mensuales como complemento específico. La mayoría de este colectivo mantiene paros de lunes a viernes desde el 19 de junio, salvo agosto.
Hasta el momento se han celebrado 56 días de huelga, según indicaron a Servimedia fuentes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), lo que, según la DGT, ha supuesto el aplazamiento de cerca de 194.000 pruebas prácticas, puesto que la huelga no afecta a los exámenes teóricos.
Ambas partes acercaron posturas la semana pasada, pero el conflicto se ha enconado después de que Tráfico haya anunciado que impondrá el 50% de servicios mínimos si la huelga se prolonga en diciembre. Los examinadores han redoblado el pulso ampliando los paros al mes próximo.
Báez celebró que Tráfico vaya a imponer servicios mínimos si la huelga continúa en diciembre salvo que haya un acuerdo. “Más vale tarde que nunca”, apuntó, antes de concluir que los paros han ocasionado cerca de 200.000 pruebas aplazadas, más de un millón de horas de trabajo perdidas, 100.000 permisos expedidos menos y el cierre de varias autoescuelas.

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