– Recupera un tercio de lo perdido en 2012. La financiación mínima que el Estado garantiza por cada beneficiario de la Ley de Dependencia aumentará un 5%, esto es, 5,66 euros de media al mes, según el borrador de real decreto presentado este jueves en la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Esto implica un incremento de 69 millones de euros, explicó en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, quien se comprometió a «recuperar poco a poco lo perdido desde 2012».
Entonces, el nivel mínimo de financiación del Estado a las comunidades se recortó un 15%, con lo que esta subida representa un tercio de aquella disminución.
En el borrador presentado hoy, la prestación mínima garantizada para los dependientes de grado 1 sube 3,05 euros al mes, al pasar de 44,33 a 47,38 euros mensuales; la de los dependientes de grado 2 aumenta 1,65 euros al mes, llegando a los 84,49 euros, y la de los de grado 3 se incrementa en 12,27 euros mensuales, pasando de 177,86 a 190,13 euros al mes.
Esto supone una subida media de 5,66 euros por usuario al mes, cuando en una versión anterior del borrador de real decreto se barajaba 10,4 euros (el 10%).
Por ello, los consejeros socialistas de Andalucía, Asturias y Extremadura tacharon de «muy escasa» la mejora presentada.
Sin embargo, Montserrat tachó de «gran noticia» el decreto y aseguró que trabaja con Hacienda para conseguir que su aplicación sea retroactiva al 1 de enero de 2017.
ACUERDOS
En el encuentro se presentó también el informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia, su Sostenibilidad y los actuales mecanismos de Financiación, que busca evaluar su adecuación a las necesidades de la prestación de servicios para después ser remitido a la conferencia de Presidentes autonómicos.
El texto, que pide recuperar todo lo perdido y aboga por que el Estado financie el sistema al 50%, contó con el consenso de todos los consejeros.
También estuvieron de acuerdo en la puesta en marcha del sistema de teleasistencia avanzada, que contará con 17 millones de euros, así como en la aprobación de «una acreditación extraordinaria» para la certificación profesional de la experiencia laboral de unos 17.000 trabajadores del sector. Ampliarán el plazo de acreditación hasta 2022.
Por último, dieron luz verde al reparto de 12 millones de euros para el programa de atención a la familia y contra la pobreza infantil, y analizaron un informe de seguimiento sobre el Plan de Acción de la Estrategia Nacional en Autismo.