Domingo 21/07/2019.

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La subida salarial definitiva de los empleados públicos tendrá efectos desde el próximo 1 de julio

Batet dice que el alza salarial es "de justicia" y contribuirá al crecimiento

La ministra de Función Pública y Política Territorial, Metitxell Batet, ha señalado este martes que la subida salarial definitiva de los empleados públicos, pendiente de sumar hasta un 0,25% más en función de dato final de crecimiento en 2018 que confirme el INE y otro posible 0,25% de fondos adicionales, que se añadirían al alza del 2,25% en vigor desde el pasado uno de enero, es "de justicia" y se fijará por acuerdo en un Consejo de Ministros para desplegar sus efectos a partir del próximo 1 de julio.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el real decreto por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público, que contempla la subida de al menos un 2,25% (ya entró en vigor el pasado 1 de enero) de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para el ejercicio 2019, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.

De esta forma, si el avance del PIB del año anterior es igual al 2,1% el incremento salarial final (contando con la subida fija del 2,25%) será del 2,30%, mientras que si la economía española crece un 2,2%, el incremento total del sueldo será del 2,35%, del 2,40% si el PIB es igual al 2,3%, del 2,45% si el PIB es igual al 2,4% y del 2,5% si la economía acaba el año con un crecimiento igual o superior al 2,5%.

Según ha adelantado ya la ministra de Economía, Nadia Calviño, el PIB español habría crecido el año pasado un 2,6%, pero está pendiente de confirmación por el INE.

A esta cifra habría que sumar el 0,25% de fondos adicionales, que deberán negociar los sindicatos con cada administración, ha explicado Batet, quien ha avanzado que la cuantía definitiva e fijará mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros y "desplegará sus efectos a partir del 1 de julio", como el pasado ejercicio.

Batet ha destacado que la subida salarial afectará a 2,5 millones de empleados públicos que componen el sector público en sus tres administraciones (Estatal ,autonómica y local), y sus efectos tendrán consecuencias positivas para la "dinámica" económica, ya que si no se hubiese aprobado vía decreto, la congelación salarial derivada de la prórroga presupuestaria habría supuesto "complejidad e incertidumbre".

Según la ministra, era preciso que las administraciones locales pudieran trasladar "en tiempo y forma" normativa los criterios retributivos para 2019, año en el que los entes locales y buena parte de los autonómicos celebran elecciones., puesto que de lo contrario se habría podido producir un retraso "excesivo" y la imposibilidad de su aplicación en el presente ejercicio.

"Este decreto ley no son los PGE ni tiene sentido que se convierta en un Presupuestos dos", ha apostillado Batet, quien ha recordado que el real decreto ley es consecuencia del acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo fruto de las negociaciones, con un marco a tres años para "tratar por igual a todos los empleados públicos co independencia del sector" y que trae "estabilidad y avance en las negociaciones de derechos".

Con la norma, se profundiza en la aplicación de mecanismos que vinculan la evolución salarial con la marcha de la economía, en un camino de "creciente importancia en los próximos ejercicios".

La titular de Función Pública ha defendido la "política de recuperación de capacidades y recursos de la Administración" del Gobierno, porque está "necesitada de impulso, muy especialmente en recursos humanos", ante su "problema de envejecimiento", la reducción "drástica" del número de empleados y de condiciones.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado la mayor oferta de empleo público desde 2008, ha asumido la reducción de temporalidad al 8%, para lo que ayer firmó la estabilización de 2.500 plazas correspondientes a la oferta de 2018.

También ha elevado el permiso de paternidad a 16 semanas y ha asegurado la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato, al tiempo que ha facilitado la posibilidad de que personas enfermas de VIH, diabetes, celiaquía o soriasis puedan acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de vigilancia aduanera y a instituciones penitenciarias.

LA OPOSICIÓN PIDE MEJORAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Desde la oposición, la 'popular' Susana López ha pedido a Batet que de las "gracias" al PP por el trabajo realizado en los últimos años a favor de los empleados y los servicios públicos. "Esto es el trabajo serio y riguroso del PP", ha apostillado López, quien ha dicho que la formación de Pablo Casado pedirá que se tramite como proyecto de ley porque el real decreto "olvida" a distintos colectivos.

Así, se ha referido a la segunda parte del acuerdo de equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios de Prisiones, para los que ha pedido aumento salarial y mejora de condiciones laborales.

Igualmente, ha defendido que todos los ajustes acometidos por la crisis "han sido recuperados", por lo que ha criticado que el PSOE haya desperdiciado la "oportunidad" de revertir la bajada que acometió el Gobierno de Zapatero, para la que Pedro Sánchez "votó a favor".

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos María Auxiliadora Honorato ve "necesario" el incremento acordado, pero se ha mostrado en contra de la suspensión de indemnización al personal exterior, y ha urgido a la consignación económica suficiente para negociar el convenio único laboral, al tiempo que ha incidido en que los funcionarios tienen "derecho" a recuperar la pérdida de poder adquisitivo cifrada en entre un 15% y 20%.

Asimismo, el diputado de Ciudadanos Ten Oliver ha criticado que el Gobierno "mal gobierna" por decreto ley y "pone en riesgo" el crecimiento y la mejora de los funcionarios, y ha advertido de que el "descrédito" del Gobierno "mete a España en una situación cada vez más complicada".

Oliver ha defendido que la mejor política social es "aquella que se puede pagar", , y ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones y recortó un 5% el sueldo de los funcionarios. Cs también reclamará que la norma se tramite como proyecto de ley para introducir las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones.

Jordi Xuclá del PDeCAT ha apoyado el incremento y ha dicho que hay una agenda "posible" en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, donde podrían darse "indicios" que apuntarían al "buen camino"; pero se precisa de "voluntad política y diálogo". Mientras, Mikel Legarda (PNV) ha matizado que si no se hubiese aprobado la subida se habría producido el mismo incremento que el año pasado, por lo que ha apoyado el incremento pero ha criticado que hay un margen normativo "casi inexistente" para la elaboración de políticas propias en materia de Función Pública.

Enric Bataller de Compromis ve "con buenos ojos" la subida pero detecta "claroscuros" al obviarse al personal penitenciario "precarizado y maltratado en salarios", con 3.500 plazas sin cubrir de un total de 23.500, por lo que solicita la tramitación de la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para introducir mejoras para empleados penitenciarios.

Por último, desde el PSOE, María Jesús Serrano ha subrayado que "El Gobierno cumple y es de fiar", al traer al Pleno de la Cámara Baja el acuerdo en materia de retribución salarial de empleados públicos logrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que "aminoró" antes sus derechos, y que ahora el Ejecutivo actual "desarrolla e implementa".

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