Lunes 21/05/2018.

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El PP, dispuesto a negociar cambios en la reforma que castiga con cárcel el fraude en cobro de prestaciones

Los defraudadores que se acojan a la 'amnistía fiscal' no podrán ser perseguidos penalmente
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El PP ha abierto la posibilidad de cambiar la redacción del artículo de la reforma del Código Penal que permitirá castigar con cárcel el cobro fraudulento de prestaciones de la Seguridad Social, uno de los puntos más cuestionados por PSOE e Izquierda Plural del proyecto de ley contra el fraude que la pasada semana defendió ante el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En particular, y según se informó Europa Press en fuentes parlamentarias, los 'populares' están trabajando en un texto transaccional para proponer a los grupos, en relación con el artículo 307 del Código Penal, que el actual proyecto modifica para reducir a 50.000 euros la cuantía que establece el tipo delictivo como condición objetiva de punibilidad por fraude a la Seguridad Social.

Esto permitiría que se puedan castigar penalmente hechos que actualmente sólo son sancionables administrativamente y que hay que combatir, según el Gobierno, con mayor contundencia. Entre otros, los casos en que se considera que no hay delito porque se han presentado documentos de cotización, aunque no sean veraces ni completos; o que no se considere defraudación casos en los que intervienen personas interpuestas.

Sobre este asunto, tanto el PSOE como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) --las dos únicas formaciones que presentaron enmienda de totalidad contra la norma-- han registrado enmiendas parciales. Así, los socialistas proponen modificar el artículo para elevar de cinco a seis años la pena de cárcel que se puede aplicar en estos casos, eliminando no obstante la posibilidad de eludir la cárcel si se paga antes de que se dé inicio al procedimiento sancionador y otros extremos.

PSOE PIDE CENTRARSE EN LOS GRANDES FRAUDES.

Además, el PSOE precisa que se aplicará la mitad superior de las penas previstas si se usan personas interpuestas para el fraude o si la cantidad defraudada o la existencia de una estructura organizada da "especial trascendencia y gravedad" a los hechos. La pena será de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo si se superan los 250.000 euros.

Finalmente, la enmienda añade que para calcular estas cuantías habrá de atenderse a lo "defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe de lo defraudado cuando aquéllas correspondan a un periodo inferior a doce meses", frente a la propuesta original del proyecto de ley de que se tengan en cuenta cuatro años naturales.

Por su parte, la coalición de izquierdas exige la supresión de todo el artículo al considerar que los términos "generales e incondicionados" que emplea "criminalizan de forma generalizada a los trabajadores y beneficiarios" de la Seguridad Social por cobrar prestaciones de forma indebida.

Esto evidencia, a su juicio, el "doble rasero" con el que se castigan los comportamientos de ciudadanos y de empresas y contribuyentes con mayor nivel de ingresos; y plantea una "manifiesta desproporcionalidad de la penalidad e importantes problemas de eficacia" al establecer la "desproporcionada" pena de prisión por un delito contra la Seguridad Social.

El proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social ha pasado este lunes su fase de estudio en la ponencia designada por la Comisión de Justicia del Congreso, incorporando de momento las enmiendas del PP y dos modificaciones técnicas sugeridas por el PSOE.

Gracias a una de las enmiendas del PP, se añade al proyecto de ley una nueva disposición adicional sobre los efectos de la amnistía fiscal, precisando que se entenderá que el trámite se ha realizado en el plazo establecido teniendo en cuenta los plazos de cada tributo respecto de cada periodo impositivo en el que deba ser imputado.

"En aras a un principio de seguridad jurídica y con la finalidad de eliminar toda duda interpretativa al respecto, se aclara con la presente enmienda que las rentas regularizadas se entenderán declaradas en plazo, es decir, en el plazo que para cada periodo impositivo hubiera establecido la normativa propia de cada tributo", se justifica en la enmienda.

DECLARAR ANTES DE SER INVESTIGADO

Además, a través de otra enmienda del PP también se reconoce la posibilidad de exención penal respecto de la concurrencia de los delitos de obtención de subvenciones por falseamiento u ocultación de datos o aplicación indebida de las ayudas cuando "el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas o aplicadas se produzca antes de que se le haya notificado al presunto responsable el inicio, entre otras actuaciones, de las de comprobación y control".

Junto a estos cambios, también se han incorporado al proyecto otras dos enmiendas 'populares' para fijar el interés de demora para este tipo de defraudación en el que sea "aplicable en materia de subvenciones" en cada momento, en lugar de reclamar el interés legal del dinero más dos puntos porcentuales, como contemplaba la redacción original del proyecto de ley.

Asimismo, se ha modificado la redacción del apartado sobre penas de prisión para precisar que podrán ser castigados con entre seis meses y seis años de cárcel y multa de seis a doce meses quienes "den ocupación simultáneamente" a trabajadores sin informar a la Seguridad Social u obtener una autorización de trabajo. Hasta ahora, se podía sancionar a quienes "empleen", un cambio técnico que se justifica en la necesidad de "preservar los derechos de los trabajadores".

PACTAR CON LA OPOSICIÓN.

Según han indicado fuentes parlamentarias a Europa Press, tras una reunión de hora y media aproximadamente, la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso ha incluido en el proyecto dos enmiendas del PSOE --además de las del PP--, de entre el medio centenar de propuestas registradas por los partidos de la oposición.

En concreto, el primer cambio que los socialistas han logrado incorporar al proyecto anula una disposición que modificaba la Ley Electoral para declarar inelegibles en sufragio pasivo a los sancionados por la comisión de ciertas infracciones reguladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Según los socialistas, extender las causas de inelegibilidad a sanciones administrativas "podría vulnerar principios constitucionales". Además, a su juicio este artículo de la norma presenta una "deficiente técnica legislativa" porque incluye una mención de una ley que no ha sido aún aprobada.

La otra enmienda cambia el nombre del proyecto, que finalmente se denominará Proyecto de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal, a la Seguridad Social y otros delitos. De esta manera, se pierden las referencias a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ya que, según el PSOE, el título original "no responde al contenido" de la norma.

La reforma del Código Penal se debatirá este miércoles en la Comisión de Justicia, donde se verá si las negociaciones fructifican en nuevos cambios de redacción. Después, el proyecto habrá de ser aprobado en el Pleno del Congreso, dado su carácter orgánico.

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