Lunes 28/05/2018.

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Izquierda Plural, PNV, UPyD y la mayoría del Grupo Mixto creen que la reforma destruirá más empleo

CiU consigue que las políticas activas de empleo sigan en manos de las comunidades y FAC y UPN piden diálogo y negociación
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Los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD y la mayoría de los partidos del Grupo Mixto (Amaiur, ERC, BNG, CC, Compromís y Geroa Bai) --además del PSOE-- han votado este jueves en contra de la reforma laboral durante el debate de convalidación en el Congreso, argumentando que provocará más destrucción de empleo y que reducirá los derechos de los trabajadores.

Así, el diputado de ICV Joan Coscubiela tachó la reforma de "injusta, ineficaz e inútil", argumentando que las causas del desempleo estriban en "la economía asfixiada por una sistema financiero que ha obstruido la financiación y una absurdo ajuste presupuestario". "La solución es más financiación para las empresas y más inversión publica", defendió.

Sin embargo, el Gobierno optó por "incorporar nuevas dualidades y nuevas segmentaciones", por "premiar a las empresas que despiden" y por "un empleo más precario, con menos derechos y menos protección". Coscubiela alertó asimismo de las mayores dificultades que encontrarán las mujeres para acceder al mercado laboral.

"Esta reforma ni siquiera beneficia a los emprendedores, sino sólo a las grandes corporaciones, y no apoya a las pymes, que lo que necesitan es financiación y políticas de reactivación, y no trabajadores con menos derechos. Los efectos colaterales de la reforma serán más desempleo, la sustitución de trabajos fijos senior por junior y el incremento del gasto por desempleo", aseguró.

Por último, el diputado de ICV anunció "enmiendas a la totalidad y a cada apartado" de la reforma durante su tramitación como proyecto de ley. "Hoy no ha sido un buen día para la democracia en el país", zanjó.

PEORES CONDICIONES PARA LAS MUJERES.

El diputado de PNV Emilio Olabarria alertó de que con esta reforma se puede "hacer algo peor que destruir empleo: puede acabar con el sector laboral del ordenamiento jurídico", y criticó que las medidas incluidas en el decreto reduce los derechos de lactancia, dificulta la conciliación al introducir la posibilidad de hacer horas extra en contratos temporales, y pone trabas al acceso de la mujer al mercado laboral.

Además, advirtió de que se "sobredimensiona el poder del empresario hasta límites que van más allá de lo razonable" porque les otorga el poder de decidir sobre "todas las condiciones de la vida de un trabajador en la empresa". "Podrán convalidar (el decreto ley) porque tienen los votos suficientes, pero no podrán convencernos", zanjó el diputado.

Tampoco UPyD está a favor de la reforma. Su portavoz, Rosa Díez, considera que la reforma "no es equilibrada ni completa y le faltan cosas" y "desaprovecha una oportunidad histórica para dotar a la economía española de un marco de contratación estable" porque no se consigue acabar con "la dualidad", la causa del "fracaso" de anteriores cambios normativos.

Asimismo, cree que el Gobierno "se ha pasado de frenada" porque va de un sistema de negociación colectiva "desequilibrado" en favor de los trabajadores a otra que favorece al empresario. Finalmente, reclamó al Ejecutivo que "abra una vía de diálogo y pacto de verdad" con los agentes sociales.

RECHAZO GENERAL DEL GRUPO MIXTO.

Uxue Barkos (Geroa Bai) criticó que la reforma provocará un "desequilibrio en la incorporación de los más jóvenes al mercado de trabajo" y será "un zapatazo encima de la mesa de los derechos laborales".

Por parte de Compromís, Joan Baldoví dijo que el Gobierno quiere "un despido bueno, bonito y barato" y recordó que "detrás de los efectos del 'decretazo' hay personas", asegurando que la reforma beneficia "a quienes quieren tener carne de cañón sumisa y a bajo coste cuando venga la recuperación, a los que apuestan por ser más ricos".

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramás, reclamó que no se rompa el diálogo social "de la noche a la mañana", mientras la nacionalista gallega Olaia Fernández Davila dicho que el decreto "actuará como una apisonadora lista para deshacer el camino de avances conseguidos en el terreno de la igualdad que tanta lucha ha costado", afirmando que constituirá "otro muro que impedirá la reactivación económica, el futuro de la Seguridad Social y la renovación generacional".

El portavoz de ERC, Joan Tardá, consideró que el decreto ley ampara un "verdadero terrorismo empresarial" y permite la creación de "la figura del esclavo laboral de la sociedad postindustrial del siglo XXI", preguntándose "dónde están las garantías de que, con la misma velocidad que se quitan los derechos escudándose en la crisis, se devolverán" cuando mejore la situación económica.

Finalmente, Sabino Cuadra, de Amaiur, afirmó que la reforma se basa en "la cansina milonga según la cual todo lo que está haciendo este Gobierno favorecerá la creación de empleo" aunque realmente lo que hace la reforma es "convertir al trabajador en mano de obra cleenex".

VOTOS FAVORABLES.

Los únicos que han apoyado la convalidación junto con el PP han sido los diputados de CiU, UPN y FAC, con lo que la votación ha rozado los 200 apoyos parlamentarios.

El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha reconocido que la reforma no es la que habría elaborado su grupo, pero ha justificado su voto favorable en que es "amplia y profunda", así como positiva para mejorar la competitividad del tejido empresarial español.

Además, ha informado de un acuerdo con el PP para garantizar que las decisiones sobre las políticas activas de empleo, que son las que "realmente dan seguridad en lo que tiene que ver con la recolocación", seguirán estando en mano de las comunidades autónomas y mantendrán sus recursos económicos.

En cualquier caso, ha avanzado que CiU presentará otras enmiendas al decreto ley en la línea de "seguir avanzando en el modelo austriaco de indemnización por despido para evitar la sobrecarga que suponen" estos pagos para las empresas pequeñas y medianas, y también para dotar a la autoridad laboral de mayor "seguridad jurídica" y "capacidad facilitar el acuerdo".

Asimismo, tratarán de incorporar "más medidas para autónomos", avanzar en el contrato de formación profesional dual, mejorar la protección social del trabajo parcial y de los fijos y discontinuos; dar un nuevo impulso a la racionalización de los horarios y "resolver cualquier duda sobre constitucionalidad de la ley".

Por último, Campuzano ha reclamado que se acompañe la reforma de "un halo de cambio de ciclo económico" mediante un "plan de choque para buscar la generación de empleo en el corto plazo" porque "la resignación" con respecto a la destrucción de otros 630.000 empleos este año "no es aceptable".

Por su parte, el navarro Carlos Salvador ha considerado que "con cinco millones de parados la opción de no hacer nada no es una opción" aunque ha criticado algunos elementos incluidos en el texto que intentará "mejorar" en su trámite como proyecto de ley.

En cuanto al diputado de Foro de Asturias, Enrique Álvarez Sostres, considera que "era necesaria una iniciativa de este tipo para homologar el mercado de trabajo español al de los países europeos", aunque ha reclamado "un esfuerzo de diálogo con los agentes sociales" y que se "explique la reforma en la calle".

Por último, la portavoz del PP, Carmen Álvarez, ha criticado "las intervenciones apocalípticas de la izquierda radical del PSOE y de IU", y ha reconocido no entender cómo si el PSOE "se llenó la boca" defendiendo reformas para modernizar el modelo productivo ahora se niegan a modernizar también "un mercado laboral que tiene que ir en paralelo".

Dicho esto, Álvarez admitió que la reforma laboral es "radical" porque busca "introducir un modelo de relaciones laborales" en el umbral del siglo XXI, si bien se mostró abierta al diálogo y la negociación.

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