Lunes 22/01/2018.

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CC.OO. y UGT piden al Gobierno políticas activas de empleo adaptadas a la nueva realidad

  • Insisten en negociar la reforma del sistema de prestaciones por desempleo
  • Consideran que hay que poner en marcha un "verdadero" Plan de Choque por el Empleo

CC.OO. y UGT han transmitido al Gobierno la necesidad de evaluar y realizar un nuevo diseño de las políticas activas de empleo para adaptarlas a las nuevas realidades que atraviesa el mercado laboral.

Así se lo han transmitido a representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las organizaciones empresariales durante la reunión que han mantenido en el marco de la mesa de calidad por el empleo.

Las principales organizaciones empresariales también han pedido que se siente a negociar con las organizaciones sindicales la reforma del sistema de desempleo a la que se había comprometido hace meses y que aún no ha abordado.

Por su parte, CC.OO. ha señalado que es un error que el Gobierno acuda a programas "extraordinarios y temporales" para enfrentar las lagunas de protección que presenta el sistema de desempleo de forma estructural. El objetivo de reformar de forma integral el sistema de desempleo sería, según CC.OO., el de extender la acción protectora de las prestaciones de desempleo.

Tanto la secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional, Lola Santillana, como el secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, han insistido en la necesidad de que se garantice que ningún beneficiario "presente o futuro" se pueda ver afectado en el acceso o en el percibo de ayudas económicas.

Desde UGT, han reclamado directamente que el Plan de Activación para el Empleo (PAE) y Prepara se conviertan en prestaciones por desempleo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional para mejorar la protección por desempleo en España.

No obstante, ha afirmado que el Gobierno "no ha mostrado su disposición a atender esta demanda" en la reunión de la mesa del diálogo social del Plan de Choque por el Empleo.

Así, la organización que lidera Pepe Álvarez considera que hay que poner en marcha un "verdadero" Plan de Choque por el Empleo. "Es necesario y urgente reformar todo el sistema de protección por desempleo dada la situación sociolaboral para que todos los desempleados de larga duración tengan cobertura de una prestación, se amplíe la prestación y se ofrezca un itinerario de inserción laboral", ha añadido.

Por su parte, el sindicato que representa Unai Sordo ha reclamado al Gobierno que agilice la búsqueda de una solución consensuada con las comunidades autónomas para garantizar la continuidad del acceso a las prestaciones sin interrupción.

Según CC.OO., es "fundamental" que el diseño de las nuevas políticas activas de empleo se realice con "antelación" para que no vuelva a suceder lo que en 2017, cuando pasaron meses en 'stand-by' mientras se aprobaba su prórroga.


"Nadie se verá afectado"

Por su parte, durante la reunión, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha trasladado a agentes sociales que "nadie se verá afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el PAE".

Según han trasladado fuentes del Ejecutivo a Europa Press, durante la reunión se ha trasladado a agentes sociales que el SEPE seguirá pagando a los que ya son beneficiarios y que continuará reconociendo y pagando a los que lo soliciten antes de su finalización en abril, siempre que cumplan los requisitos.

Además, el Gobierno ha planteado a los interlocutores sociales los elementos "esenciales" de su propuesta para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Empleo y en el diálogo social de revisión de los programas complementarios a la prestación por desempleo adecuándolos a la doctrina constitucional.

En este contexto, ha asegurado que está "abierto" a una revisión "global" del modelo de protección por desempleo, como demandan las organizaciones sindicales, pero considera prioritarios los trabajos en el marco del diálogo social y con las comunidades autónomas para unificar el PAE y el Plan Prepara "lo antes posible". El objetivo de esta actuación es que las comunidades gestionarlos a partir del 1 de mayo.

El Tribunal Constitucional (TC) falló que debían ser los servicios de empleo de las comunidades autónomas los que gestionen la ayuda de 426 euros para parados de larga duración. En su sentencia, anulaba los artículos del decreto del PAE que hacen referencia a la gestión por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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