Como ya adelantó Teinteresa.es el pasado 2 de agosto, el Gobierno ha dado el primer paso para reformar el modelo de formación subvencionada de los trabajadores. En la convocatoria de subvenciones para este año 2014, llevada a cabo con gran retraso por las negociaciones con los agentes sociales para introducir cambios en el sistema vigente hasta ahora, se introducen importantes modificaciones que marcan la línea de lo que será el nuevo modelo que deberá estar listo el 1 de enero de 2015.
Una de las más importantes es que sindicatos y patronales mayoritarios, UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, pierden el control y casi monopolio que hasta ahora tenían sobre estos cursos de formación, aunque desde la última reforma laboral ya habían ido perdiendo cuotas de influencia. Ahora, por primera vez, en la citada convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de agosto, las organizaciones empresariales y sindicales no serán juez y parte a un tiempo en la adjudicación de las subvenciones, dejando de forma parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de este tipo de ayudas a las que ellos optaban hasta ahora.
La convocatoria supone un avance hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo que quiere establecer el Gobierno con el objetivo de hacerlo más transparente, más eficiente y abierto a la libre concurrencia, y que desde hace meses se está negociando con los agentes sociales.
El pasado 29 de julio Gobierno, patronales y sindicatos llegaron al compromiso en su última reunión en Moncloa con el presidente Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que el nuevo modelo esté operativo desde enero de 2015. Mientras tanto, en la mencionada convocatoria de este año, ya se anuncia que será «la última convocatoria de un escenario de transición», dice en su preámbulo.
Este documento anuncia su intención de avanzar hacia la libre competencia, ya que aproximadamente la mitad del presupuesto total, que asciende a cerca de 139 millones de euros, abre ya la posibilidad de que pueda optar a las ayudas cualquier centro de formación acreditado, en igualdad de condiciones con las organizaciones empresariales y sindicales.
Asimismo, incluye otras novedades importantes, como la limitación del pago anticipado al 50% del importe de la subvención -cuando hasta ahora se adelantaba el 100%-, la restricción de la subcontratación también al 50% y la eliminación de la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas.
Reforma laboral de 2012, el germen
En la reforma laboral de 2012 comenzó la transición hacia el cambio de modelo, ya que se modificó la orden ministerial que regula la concesión de estas subvenciones públicas que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y se estableció que la composición del órgano colegiado que evalúa las solicitudes se determinaría en cada convocatoria.
No obstante, en las convocatorias de 2012 y 2013 se siguió nombrando a representantes de patronales y sindicatos, y es ahora cuando por primera vez no estarán presentes en el órgano colegiado -que estará formado por cinco funcionarios del SEPE-, con lo que los agentes sociales dejarán de ser «juez y parte» en el proceso.
lEl aumento de la libre competencia supondrá que las subvenciones ya no se repartirán mayoritariamente entre las patronales y los sindicatos más representativos a nivel estatal, algunos de los cuales están siendo investigados por presunto fraude en el uso de fondos concedidos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
La reforma laboral de 2012 ya recogía la posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados participaran directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, lo que llevó a que en las convocatorias de 2012 y 2013 hasta un tercio de algunos pales de formación se abrieran a la libre concurrencia.
Control para luchar contra el fraude
En la resolución aprobada ahora se anuncia la futura creación de una unidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude, que tendrá funciones de seguimiento y control, pero también capacidad efectiva de sanción. Además de un régimen sancionador que incluya, por ejemplo, la imposibilidad de que los beneficiarios de planes de formación que incumplan la ley de volver a trabajar para la Administración Pública en el mismo ámbito de la formación durante, al menos, cinco años. También se creará un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades.
Las entidades que resultaban adjudicatarias de los planes de formación recibían, hasta ahora, por adelantado el 100% de la subvención para desarrollar ese plan. Esto ya no será más así. Desde el presente año, los adjudicatarios percibirán por adelantado sólo el 50% de los fondos. El presupuesto restante se dividirá en dos pagos del 25% cada uno. El primero, cuando se informe sobre los participantes en los cursos de formación una vez que estén en marcha. El restante 25%, cuando se acredite la total ejecución del curso.
Se pretende esta manera evitar una de las formas de fraude de sobra conocidas, que era la percepción de la subvención para impartir cursos que nunca llegaban a organizarse y en los que se inscribía a alumnos falsos para justificarlos.
La convocatoria de este año también introduce limitaciones en la subcontratación a terceros de los cursos de formación, en busca de una mayor eficacia y calidad en los organizadores de los planes formativos y para poner fin a una red de intereses y pleitesías que se habían ido creando en el sistema durante años.
Hasta ahora, las entidades adjudicatarias de las subvenciones solían subcontratar a otras empresas de formación buena parte de la ejecución de los planes, generando una situación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios imprescindibles y creando una red de dependencias, favores e intereses que no ayudaban a la eficiencia y a la transparencia.
Para terminar con este tipo de situaciones se pone un límite del 50% del importe de las subvenciones a los cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación de manera directa, sin poder subcontratarlos. Y es que, en ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde el año pasado se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante el último año de al menos dos empleados.