El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente una reforma del modelo de formación para el empleo muchas veces anunciada y que se ha negociado durante más de un año con los agentes sociales sin llegar finalmente a un acuerdo. El Gobierno, como había advertido en caso de no conseguirse una reforma pactada, ha legislado finalmente en solitario, presentando en el Consejo de Ministros de este viernes 20 de marzo un Real Decreto Ley que será tramitado en el Parlamento.
Tras casi un año de negociaciones, el acuerdo ha sido imposible y el Ministerio de Empleo ha introducido los cambios que pretendía en el sistema de gobernanza y en la estrategia del siempre cuestionado modelo de formación subvencionada de trabajadores, que se gestionaba hasta ahora a través de la Fundación Tripartita en la que están presentes a partes iguales sindicatos y patronales mayoritarios y la Administración, pero que cambiará su composición y su nombre, con mayoría estatal, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa.
En ese nuevo sistema, los agentes sociales perderán la mayoría en el órgano de gobierno, no recibirán ningún fondo destinado a cursos de formación y dejarán de formar parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de las subvenciones. Éstas se adjudicarán por concurso en libre concurrencia directamente entre los centros de formación que imparten los cursos, sin intermediación de sindicatos y patronales, entre otros cambios de calado.
Sindicatos y CEOE pierden el control
El nuevo modelo impulsado por el Ministerio de Empleo contempla que los sindicatos y CEOE pierden el control que hasta ahora mantenían en este controvertido sistema de subvenciones para formar a los profesionales de nuestro país.
Además, en el nuevo modelo diseñado por el departamento de Empleo los agentes sociales ya no recibirán ningún fondo para impartir formación. El 100% de las subvenciones se adjudicarán a través de concursos de libre concurrencia en los que competirán directamente los centros de formación previamente acreditados que imparten los cursos.
También, los agentes sociales perderán la mayoría de la que gozaban en el gobierno del sistema. Sumando las fuerzas de sindicatos y patronales, como tradicionalmente han venido haciendo a diferencia de otros terrenos como las últimas reformas laborales, sindicatos y patronales contaban con dos tercios de los miembros del patronato de la Fundación Tripartita frente a un tercio la Administración.
Fundación Estatal para la Formación con mayoría de la Administración
Durante las negociaciones se había especulado con la posibilidad de que la Tripartita se convirtiese en una agencia pública, como la Agencia Tributaria, la Agencia Estatal de Meteorología o la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo.
Pero finalmente no será así. Seguirá siendo una fundación del sector público estatal, pero como establece la Ley de Fundaciones y como ha señalado el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización, la Administración pasará ahora a tener la mayoría en el patronato, el órgano de gobierno. Además, dependerá jerárquicamente de forma directa del Ministerio de Empleo y no del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como hasta ahora. Y pasará a llamarse Fundación Estatal para la Formación.
Patronal y sindicatos seguirán estando presentes, pero ya en minoría aunque unan sus votos. Perderán, por tanto, el control sobre el sistema de formación subvencionada para el empleo.
Un cambio que los agentes sociales siempre han rechazado porque consideran que al financiarse las subvenciones con las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional, deben de ser sus representantes, CEOE y sindicatos, quienes las gestionen.
No obstante, en el nuevo modelo sindicatos y patronales mayoritarios tendrán un papel de asesoramiento en la planificación, estrategia y detección de necesidades del sistema.
Presencia de las comunidades autónomas
En el patronato de la fundación estarán presentes también a partir de ahora las comunidades autónomas, que hasta el momento no tenían representación en el órgano de gobierno del sistema de formación profesional para el empleo.
Por su parte, el actual Ejecutivo ha mantenido la necesidad de estos cambios en aras de la transparencia, eficiencia y libre concurrencia, máxime tras el último informe del Tribunal de Cuentas que ponía en cuestión el funcionamiento del sistema y tras los diversos escándalos de fraude conocidos en Andalucía y la Comunidad de Madrid.
Participación de desocupados
También han defendido históricamente los agentes sociales que los fondos de formación deben ir destinado a empleados ocupados y no a desempleados, puesto que proceden de las cotizaciones sociales. Sin embargo, ya desde hace años se incluye en estas acciones formativas a parados, algo que seguirá presente en el nuevo sistema diseñado por Empleo. Algo con lo que no están de acuerdo los agentes sociales. Los desempleados, defienden sindicatos y patronal, deben ser formados por el SEPE con cargo a los presupuestos del Estado.
La convocatoria de subvenciones del pasado año 2014, publicada en agosto en el BOE con gran retraso por las enormes dificultades para alcanzar un acuerdo entre agentes sociales y Administración Central, ya incluía algunas modificaciones sustanciales que han sido incluidas ahora ya de forma definitiva en el Real Decreto que regula el nuevo modelo de formación profesional. Ya desde la última reforma laboral, en los años 2012 y 2013 calificados como de transición por el Gobierno, las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) habían visto reducida su cuota de poder.
Los agentes sociales fuera del órgano que supervisa las subvenciones
A partir de ahora ya no serán juez y parte en la adjudicación de las subvenciones, dejando de formar parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de las ayudas a las que ellos mismos optaban casi en exclusiva hasta 2012. Éste órgano estará formado ahora por funcionarios públicos.
Limitación del pago anticipado de subvenciones
Otras novedades son la limitación del pago anticipado al 25% del importe de la subvención – hasta 2014 se adelantaba el 100%-; podrá adelantarse un segundo pago del 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa y el resto del dinero (como mínimo el 40% siempre) se recibirá cuando se acredite la ejecución total del programa formativo.
Se pretende evitar de esta manera una de las formas de fraude más comunes en el pasado, que es la percepción de la subvención para impartir un curso que nunca llegaba a organizarse y en el que se inscribía a falsos alumnos.
Unidad de la Inspección de Trabajo contra el fraude
También se había previsto desde esa última convocatoria del pasado verano, la creación de una unidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude, con funciones de seguimiento y control, y también con capacidad efectiva de sanción. Además, se elaborará un régimen sancionador que amplía los castigos para los casos de fraude y que determinará la imposibilidad de que los beneficiarios de subvenciones que incumplan la ley vuelvan a trabajar para la Administración Pública en el mismo ámbito de la formación durante, al menos, cinco años. Se creará un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades y se hará pública la relación de entidades sancionadas.
Sin subvenciones para cursos que ya hayan comenzado
Por otra parte, se elimina la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas. Y se dejan fuera de las subvenciones los programas de formación a distancia al considerarse que bajo esta metodología de cursos se escondían gran parte de los fraudes.
Límites a la subcontratación
Asimismo, se han introducido limitaciones en la subcontratación a terceros de los cursos de formación, en busca de una mayor eficacia y calidad en los organizadores de los planes formativos y para poner fin a una red de intereses y pleitesías que se habían ido creando en el sistema durante años.
Hasta ahora, las entidades adjudicatarias de las subvenciones solían subcontratar a otras empresas de formación buena parte de la ejecución de los planes, generando una situación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios imprescindibles y creando una red de dependencias, favores e intereses que no ayudaban a la eficiencia y a la transparencia.
Para terminar con este tipo de situaciones se pone un límite del 50% del importe de las subvenciones a los cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación de manera directa, sin poder subcontratarlos. Y es que, en ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde 2013 se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable de al menos 2 empleados durante 12 meses.
Cheque formación para parados
Otras novedades del Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros es el impulso del cheque formación, que permitirá a los desempleados elegir el centro en el que desean recibir su formación y posteriormente será el sistema de formación profesional para el empleo el que pague ese curso a la entidad que se lo ha impartido al desempleado.
Cuenta de formación de todos los trabajadores
Además, se desarrollará un nuevo instrumento, la cuenta de formación de los trabajadores a lo largo de su trayectoria laboral, acreditando su historial formativo y con el objetivo de orientar la oferta formativa al incremento de su empleabilidad.