Lunes 11/12/2017.

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Dos años de cambios en la formación subvencionada de trabajadores

  • En la reforma laboral de 2012 ya se sentaban las bases para abrir el modelo de formación para el empleo a la competencia de los centros de formación, socavando el monopolio del que disfrutaban sindicatos y patronal.
  • En el verano de 2014 se ha profundizado en la reforma que pretende acometer el Gobierno, introduciendo en la convocatoria de 2014 buena parte de los cambios del futuro sistema de formación subvencionada.
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  • La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. EFE

El Ejecutivo, que negocia desde hace 10 meses con los agentes sociales la reforma del actual modelo de formación subvencionada de trabajadores sin acuerdo por el momento, ha introducido diversos cambios de calado desde la reforma laboral de 2012.

En la convocatoria de este año 2014 se ha dado el salto más cualitativo, incluyendo muchos de los cambios que el Gobierno desea aplicar en el modelo de formación subvencionada de trabajadores y anunciando el compromiso de nuevas medidas el próximo año.

Los objetivos son hacerlo más transparente, más eficiente y abierto a la libre concurrencia. El Tribunal de Cuentas señala de forma clara la mala gestión hasta ahora en el sistema de formación para el empleo y la situación de privilegio de los agentes sociales.

La convocatoria de subvenciones para este año, publicada en agosto con gran retraso por las dificultades para alcanzar acuerdos en las negociaciones con los agentes sociales, incluye modificaciones, algunas sustanciales, que marcan la dirección del futuro modelo que debería estar listo el 1 de enero de 2015, aunque a falta de tres meses los tiempos van ya muy apretados para cumplir ese calendario.

Las organizaciones sindicales y patronales mayoritarias (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) pierden el control y casi monopolio que hasta ahora tenían sobre estos cursos, aunque desde la última reforma laboral ya habían visto reducida su cuota de poder.

Pero a partir de ahora ya no serán definitivamente juez y parte a un tiempo en la adjudicación de las subvenciones, dejando de formar parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de este tipo de ayudas a las que ellos mismos optaban casi en exclusiva. A partir de ahora que estará formado por cinco funcionarios designados por el SEPE.

El pasado 29 de julio Gobierno, patronales y sindicatos llegaron al compromiso en el Palacio en Moncloa, con presencia del propio presidente Rajoy, de que el nuevo modelo esté operativo en enero de 2015. En la convocatoria de este año ya se anuncia en su preámbulo que será "la última de un escenario de transición".

Cambios profundos en el verano de 2014

La mencionada convocatoria de este año declara la intención de avanzar hacia la libre competencia, ya que la mitad del presupuesto total, que asciende a casi 139 millones de euros, se abre a la concurrencia de cualquier centro de formación acreditado, en igualdad de condiciones con sindicatos y patronales. Y anuncia que en 2015 será el 100%.

Otras novedades en la misma son la limitación del pago anticipado al 50% del importe de la subvención -cuando hasta ahora se adelantaba el 100%-; para recibir un segundo pago del 25% "será necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones formativas". Y para percibir el 25% final los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar la ejecución de los planes formativos.

Se pretende evitar una de las formas de fraude, que es la percepción de la subvención para impartir un curso que nunca llega a organizarse y en el que se inscribe a alumnos que, evidentemente, no han pasado por el mismo.

En la resolución aprobada en agosto se anunciaba asimismo la futura creación de una unidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude, que tendrá funciones de seguimiento y control, pero también capacidad efectiva de sanción.

Y un régimen sancionador que incluya, por ejemplo, la imposibilidad de que los beneficiarios de planes de formación que incumplan la ley vuelvan a trabajar para la Administración Pública en el mismo ámbito de la formación durante, al menos, cinco años. También se creará, se afirma, un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades.

Se han introducido, además, limitaciones en la subcontratación a terceros de los cursos de formación, en busca de una mayor eficacia y calidad en los organizadores de los planes formativos y para poner fin a una red de intereses y pleitesías que se habían ido creando en el sistema durante años.

Hasta ahora, las entidades adjudicatarias de las subvenciones solían subcontratar a otras empresas de formación buena parte de la ejecución de los planes, generando una situación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios imprescindibles y creando una red de dependencias, favores e intereses que no ayudaban a la eficiencia y a la transparencia.

Para terminar con este tipo de situaciones se pone un límite del 50% del importe de las subvenciones a los cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación de manera directa, sin poder subcontratarlos. Y es que, en ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde el año pasado se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante el último año de al menos dos empleados.

También se ha eliminado la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas.

Primeras modificaciones en 2012

En la reforma laboral comenzaron a introducirse cambios en el modelo, ya que se modificó la orden ministerial que regula la concesión de estas subvenciones públicas que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y se estableció que la composición del órgano colegiado que evalúa las solicitudes se determinaría en cada convocatoria.

No obstante, en las convocatorias de 2012 y 2013 se siguió nombrando a representantes de patronales y sindicatos, y es ahora cuando por primera vez no estarán presentes en el órgano colegiado -que estará formado por cinco funcionarios designados por el SEPE entre sus técnicos-, con lo que los agentes sociales dejarán de ser juez y parte en el proceso de concesión de las subvenciones.

La reforma laboral ya recogió la posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados participaran directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, lo que llevó a que en las convocatorias de 2012 y 2013 hasta un tercio de los planes de formación se abrieran a la libre concurrencia. Este año será el 50% y en 2015, se prevé ya en la convocatoria de este año, será el 100%.

El aumento de la libre competencia supondrá que las subvenciones ya no se repartirán mayoritariamente entre las patronales y los sindicatos más representativos a nivel estatal, algunos de los cuales están siendo investigados por presunto fraude en el uso de fondos concedidos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, especialmente en Andalucía y también en Madrid.

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