Domingo 04/12/2016.

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PP, CiU y Entesa dan en el Senado un vuelco a la reforma de la Ley Concursal

PP, CiU y Entesa Catalana de Progrés dieron hoy un vuelco en el Senado a la reforma de la Ley Concursal al aprobar enmiendas que afectan, por ejemplo, a la forma en que familias y empresas negocian sus deudas para evitar la entrada en el concurso de acreedores.
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PP, CiU y Entesa dan en el Senado un vuelco a la reforma de la Ley Concursal PP, CiU y Entesa dan en el Senado un vuelco a la reforma de la Ley Concursal

PP, CiU y Entesa Catalana de Progrés dieron hoy un vuelco en el Senado a la reforma de la Ley Concursal al aprobar enmiendas que afectan, por ejemplo, a la forma en que familias y empresas negocian sus deudas para evitar la entrada en el concurso de acreedores.

El proyecto para reformar la Ley Concursal aprobado por el Pleno del Senado será remitido ahora al Congreso de los Diputados, donde previsiblemente el PSOE luchará por volver a la redacción de la norma que salió de la Cámara baja.

Entre las modificaciones que han salido adelante con el apoyo de senadores de los tres grupos destaca la introducción, a propuesta de CiU, de un procedimiento notarial para que las familias negocien de forma extrajudicial con sus acreedores el reparto de sus bienes y no tengan que entrar en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos).

Esa enmienda choca con el acuerdo al que llegaron la mayoría de los grupos en el Congreso, en el que decidieron que el Gobierno presentara en seis meses un informe con soluciones extrajudiciales para que las familias con problemas de sobreendeudamiento puedan renegociar sus deudas y eviten el concurso.

"Meter al ciudadano en un concurso de acreedores es como meter a un bebé en un veterinario, es decir, que supone administrarle una dosis de caballo", sostuvo el senador del PP Juan Manuel Juncal.

En el Senado también se ha aprobado la propuesta del PP y de Entesa para concretar los criterios para que los jueces homologuen los acuerdos de refinanciación de deuda pactados por una empresa con una mayoría de sus acreedores, con el objetivo de garantizarse la viabilidad y evitar el concurso de acreedores.

De esta manera se exige que esos acuerdos supongan la ampliación de, al menos, el 10 por ciento de la financiación concedida por los acreedores o bien se conceda una prórroga mínima de tres años para hacer frente a las obligaciones contraídas.

El texto aprobado por el Congreso de los Diputados era más genérico, ya que establecía que los acuerdos de refinanciación debían conllevar una "ampliación significativa" del crédito disponible para la empresa, en función del criterio de un experto independiente.

Con la nueva redacción aprobada a iniciativa del PP y Entesa, se establecerá un límite temporal para que la empresa alcance un acuerdo de refinanciación de deuda, que no podrá superar dos meses desde que se convocó por primera vez a los acreedores.

La regulación aprobada hoy también contempla estrechar el control judicial sobre las negociaciones que se llevan a cabo en esos procesos de refinanciación.

Entre las principales novedades introducidas por el Pleno del Senado figura también la vuelta a la regulación de la administración concursal que se daba antes de la reforma de la Ley Concursal.

De esta manera, la administración concursal, que se encarga de supervisar los concursos de acreedores, seguirá formada por tres profesionales (un abogado, un economista y un representante de los acreedores) que deberán tener al menos cinco años de experiencia en procesos de insolvencias.

El PSOE logró modificar la norma en el Congreso de los Diputados para que los concursos fueran gestionados con carácter general por un único administrador nombrado judicialmente, que podía ser una sociedad.

Ese cambio suscitó muchas críticas en grupos como CiU y PP, que llegó a afirmar hoy que pretende favorecer "a las grandes multinacionales de la auditoría", en palabras del senador Juan Manuel Juncal.

Por contra, el senador socialista Francisco Javier Irízar defendió que la administración concursal única "es una buena apuesta, aunque arriesgada" y que no había que temer que las seis grandes empresas de auditoría monopolizaran la gestión de todos los concursos, lo que no convenció al resto de grupos.

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