Miércoles 07/12/2016.

Educa

La supresión de conciertos educativos centran el discurso de expertos sobre la Ley de Trato

La supresión de los conciertos educativos a los centros de educación diferenciada y la creación de una Autoridad de Igualdad de Trato han centrado las aportaciones de los primeros expertos en comparecer ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para informar el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que se encuentra en trámite parlamentario.
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La jornada ha sido inaugurada con la comparecencia de la secretaria de Fórum de Política Feminista, Begoña San José Serrán; tras la que se han sucedido las aportaciones del presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Jesús María Sánchez Herrero; el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Antonio Poveda, y del secretario confederal de Relaciones Institucionales y Comunicación de la USO, José Luis Fernández Santillana.

Begoña San José Serrán ha arrancado su discurso criticando que el Gobierno no se ha consultado "a ninguna entidad especializada en igualdad de género" para redactar el anteproyecto y expresando los "temores" de las asociaciones del sector, para quienes ampliar el ámbito de lucha contra la discriminación "puede diluir" los avances en equidad entre hombres y mujeres. "Si vamos a vestir el santo de la lucha contra el racismo desvistiendo al santo de la lucha contra la discriminación de las mujeres hemos hecho un mal negocio", ha apuntado.

En esta línea, ha criticado la autoridad para la no discriminación que, en su opinión, "no es imprescindible" y se constituye "quitando competencias" y presupuesto a instituciones como el Instituto de la Mujer. Para San José, la creación de este organismo implica que "ahora va a haber un intermediario de la política de igualdad del Gobierno", un "órgano que no tiene atribuciones sino metodologías antidiscriminatorias" cuando, en su opinión, debería promoverse la transversalidad.

Sobre este asunto se ha pronunciado también el secretario Confederal de Relaciones Institucionales y Comunicación de la USO, José Luis Fernández Santillana, para hacer una "llamada a la racionalización del gasto público" porque, en su opinión, "lo más razonable" sería que el Defensor del Pueblo asumiera estas funciones o las ejercieran las comunidades autónomas y se evitase así el coste derivado de crear una nueva entidad.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo invierta tiempo y recursos en crear una ley que, a su juicio, no va a dar respuesta al desempleo, "la principal preocupación de la ciudadanía". "Creemos que este proyecto de Ley, más allá de intenciones declarativas, no va a incidir en la creación de empleo y por eso nos parece más importante dirigir las iniciativas legislativas y los recursos económicos a la creación de empleo y no a seguir legislando sobre derechos ya reconocidos", ha añadido.

SIN CONCIERTO, PROFESORES AL PARO

Por último, se ha referido a la intención normativa de eliminar las subvenciones a los colegios de educación diferenciada para asegurar que, de llevarse a cabo, se incurriría en una "segunda discriminación", la de quienes por falta de recursos económicos no podrán elegir educación diferenciada para sus hijos. Además, ha recordado que sin la financiación pública "los trabajadores de estos centros educativos se verán con una mano delante y otra detrás, abocados al desempleo".

La visión opuesta la ha dado el presidente de CEAPA, Jesús María Sánchez Herrero, quien ha centrado su intervención en defender esta medida porque, en su opinión, este tipo de centros educativos "crean muros entre hombres y mujeres", "no son la solución al fracaso escolar", suponen "una vuelta al pasado" y "financiarlas es contrario a la política del Gobierno".

Aunque, en general, Sánchez considera que la Ley de Igualdad de Trato "puede ser una buena herramienta", ha pedido incidir en el control de la educación concertada porque asegura que, de hecho, se están produciendo situaciones de discriminación en el acceso a diario y "la sociedad española lo sabe, consiente y calla". En este sentido, se ha referido a supuestas trabas en la matriculación de niños de origen inmigrante o de etnia gitana frente a facilidades para menores de mejor posición social.

En el mismo sentido se ha referido a la "discriminación" de los padres cuyos hijos no estudian religión y ha asegurado que cuando una escuela recibe fondos públicos, aunque tenga ideario religioso, no debería poder imponer esta asignatura. Por eso, la organización que representa defiende que debe impartirse en horario no lectivo, costeada como si fuese una actividad extraescolar cualquiera y teniendo carácter voluntario. Todo esto debería quedar reflejado, en su opinión, en una nueva disposición adicional dentro de la ley.

IMPORTANTE PARA LA FELGTB

Por su parte, Antonio Poveda, ha defendido que esta ley "es un avance para señalar a quienes discriminan y proteger a quienes son discriminados" ya que contempla la desigualdad en ámbitos distintos como el empleo, cuando, según los datos de la FELGTB, un 24% del colectivo LGTB ha vivido discriminación en el trabajo y un 56% en el centro de estudios.

No obstante, para la organización deberían incluirse algunos puntos, como permitir que las parejas de hecho homosexuales puedan adoptar menores de edad, que se incorpore la presunción de maternidad y que se amplíen los ámbitos de aplicación de la ley para proteger a quienes son discriminados por razones sociales o culturales, como ser pobre o analfabeto.

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