Según ha informado el sindicato a Europa Press, estas firmas han sido recopiladas en toda España durante el último año y se dirigirán al Gobierno en funciones y a la titular de Educación, Isabel Celaá, para que permita la libertad de elección de las familias cuando aborde la reforma de la ley educativa.
«Estamos a favor de los dos modelos, de la educación inclusiva para quien la quiera, y de la educación especial para quién también la quiera», explican desde USO, que critica el propósito manifestado por Celaá en el borrador de su anteproyecto de ley educativa, que no llegó a tramitarse en el Congreso, de incorporar a los estudiantes de educación especial a centros ordinarios en un plazo de diez años.
«Se ha movido todo este asunto sin contar con la opinión de nadie cuando es un modelo complementario, y se trata de una medida que nadie está pidiendo», afirman desde USO haciendo eco, aseguran, de la opinión de familias y profesionales de la enseñanza.
A principios de mayo, la ministra de Educación y Formación Profesional dijo que prevé que las Cortes generales aprueben el próximo curso escolar 2019-2020 su ley educativa y que, a partir de ella, el Gobierno elabore un real decreto para «avanzar» en la educación inclusiva, «que atienda a la diversidad».
Sobre los centros de Educación Especial y las quejas por parte de colectivos sobre un posible cierre, Celaá reiteró que el Gobierno «no tiene ninguna intención» de hacerlo y recordó que su ley recoge que las administraciones educativas «continuarán prestando el apoyo necesario a estos centros».
De esta forma, Celaá explicó que además de escolarizar a los estudiantes que requieran una atención muy especializada, estos centros desempeñarán la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Según la ministra, se trata de un proceso de «cambio social y cultural que solo podrá llevarse a cabo mediante el diálogo y la colaboración con las familias, las organizaciones que las representan y con el resto de los sectores implicados».