Martes 12/12/2017.

Educa

El Senado insta al Gobierno a estudiar un recurso ante el TC contra el decreto valenciano de plurilingüismo

La Cámara Alta pide al Ejecutivo que recomiende a las CC.AA rigor en los libros de texto respecto a la geografía de las Islas Canarias

La Comisión de Educación y Deporte del Senado ha aprobado, con los votos de PP y Ciudadanos, una moción por la que insta al Gobierno a estudiar la posiblilidad de interponer un recurso contra el decreto valenciano de plurilingüismo.

Se trata de una iniciativa del PP a la que se ha incorporado una enmienda de adición de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a valorar la posibilidad de recurrir el denominado 'Decreto Marzá'.

Durante el debate, la senadora del PP Marta Torrado ha subrayado que "este recurso es el final de un proceso que ha empezado ya con la apertura de una comisión bilateral entre el Gobierno y la Comunitat Valenciana". "Si a lo largo de este proceso se demuestra que la Comunitat insiste en mantener aquellos puntos que el PP considera agresiones a los derechos de los valencianos, se procederá al correspondiente recurso", ha añadido.

En este sentido, el senador de Ciudadanos Luis Crisol Lafrónt ha lamentado en su intervención que el denominado 'Decreto Marzá' que establecía un nuevo modelo lingüístico educativo valenciano, "es un atropello a los derechos fundamentales". A su juicio, "es inadmisible que, con el objetivo de burlar la suspensión judicial que pesa sobre dicho decreto, el Consell haya adoptado uno nuevo que vulnera los derechos de los alumnos valencianos".

La iniciativa pide también al Gobierno que "vele" para que en la Comunidad Valenciana se garantice una oferta educativa "plural", entre la que se encuentra la concertada, y la libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos, "de acuerdo con los principios constitucionales".

Según ha explicado en su intervención la senadora 'popular', el departamento del consejero de educación de la Generalitat Valenciana publicó el miércoles 12 de abril una corrección de errores de la ratio media por municipios necesaria para poder concertar más de una unidad de Bachillerato, que en la práctica supone "una nueva ofensiva contra estos colegios" y que no contó con el consenso de la comunidad educativa.

El cambio ha supuesto un incremento de la ratio en el 75% de los municipios afectados (116 de 153 centros con alguna unidad concertada), que en algunos casos ha alcanzado los 35 alumnos, según el PP. La resolución incluye ratios que superan en varios casos los 30 alumnos por aula, aunque la más elevada se encuentra en el municipio alicantino de Gata de Gorgos, donde alcanza los 35 alumnos por unidad con un incremento de 16 alumnos.

La medida aprobada el pasado mes de abril afecta a más de 200.000 alumnos y casi 15.000 docentes en el sistema educativo valenciano, añade el PP. Durante su intervención, Torrado ha destacado que los padres "son los principales responsables de la educación de sus hijos y tienen el derecho a que reciban la formación que esté de acuerdo a sus propias convicciones, tal y como contempla el texto constitucional".

Por otro lado, la Comisión de Educación y Deporte del Senado, ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Nueva Canarias, transaccionada con el PP, por la que se insta al Gobierno a recomendar a las comunidades autónomas que, "en el ejercicio de su autonomía, velen por el rigor de los libros de texto y otros materiales curriculares respecto a los elementos de la geografía física y política de Canarias".

CANARIAS, AL SUR DE BALEARES

El texto, defendido por la senadora de Nueva Canarias, María José López Santana, lamenta que la confusión en relación a los elementos de la geografía física y política de las Islas Canarias "ha sido constante" pues, como indica, "hasta 1994 la ubicación de Canarias en los mapas dentro de un enclave artificial (un recuadro) y al sur de Baleares llevó a la consideración por parte de muchas generaciones de que Canarias estaba situada en el Mediterráneo".

Asimismo, lamenta que siga existiendo confusión en relación a la denominación de cada una de las Islas Canarias, a la identificación de Gran Canaria como una isla, Las Palmas de Gran Canaria, como capital de la isla, y Las Palmas como provincia que engloba a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, entre otros aspectos.

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