Así, han presentado una enmienda al articulado de la ley en la que plantean una nueva disposición adicional al texto presentado por el Ejecutivo para retirar esta nueva regulación educativa ya en marcha.
Es más, llama a la apertura de un proceso de negociación y «diálogo real» con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar con el máximo consenso las medidas que se consideren necesarias para la mejora del sistema educativo.
Izquierda Unida argumenta su propuesta en que la aprobación de la LOMCE demostró «la incapacidad del Gobierno para buscar un consenso» en la materia, una reforma que pudiera otorgar «perdurabilidad a la reforma y estabilidad al sistema educativo», ligado a su «desprecio al diálogo» con el resto de fuerzas políticas, así como con la comunidad educativa y con los interlocutores sociales.
A su juicio, esta ley es una «contrarreforma segregadora e intervencionista», que supone un «ataque a la igualdad de oportunidades», «un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación», que aleja a España de los objetivos internacionales en la materia, y que en el futuro «resultará inútil para resolver los problemas reales de la educación».
El grupo parlamentario motiva el haber incluido esta iniciativa entre sus enmiendas parciales a los PGE en que la aprobación de la LOMCE «demostró la incapacidad del Gobierno para buscar un consenso en materia de educación que pudiera otorgar perdurabilidad a la reforma y estabilidad a nuestro sistema educativo», además de «su desprecio al diálogo con el resto de fuerzas políticas, con la comunidad educativa y con los interlocutores sociales».